El presidente de la Unión Patriótica en el Tolima advierte que la crisis del sector arrocero es estructural y no exclusiva del actual gobierno.
En entrevista exclusiva con LAOTRAVERDAD.CO, Cristian Acosta, presidente de la Unión Patriótica en el Tolima, analizó el impacto de los tratados de libre comercio (TLC) en la crisis del sector arrocero y señaló a la industria como un actor clave en la difícil situación que enfrentan los productores.
Acosta recordó que la problemática arrocera no es reciente, sino que se ha venido gestando desde la firma de tratados comerciales como el de la Comunidad Andina en el gobierno de César Gaviria y el TLC con Estados Unidos, negociado por Álvaro Uribe Vélez en 2006 y vigente desde 2012 con Juan Manuel Santos. Advirtió que, para 2030, el arroz importado podrá ingresar sin restricciones y libre de aranceles, lo que podría llevar a la quiebra a cerca del 40% de los productores nacionales.
“Este es un problema estructural que se ha desarrollado durante décadas, no es una situación atribuible únicamente al gobierno actual. Sin embargo, este gobierno está asumiendo la responsabilidad, creando el Consejo Nacional del Arroz y estableciendo mesas de diálogo desde septiembre pasado”, afirmó Acosta.
El líder político destacó que el gobierno ha movilizado a funcionarios clave, como la viceministra de Asuntos Agropecuarios y el viceministro de Comercio, para encontrar soluciones viables. Una de las medidas en discusión es la creación de un fondo de estabilización de precios para la cadena productiva del arroz, lo que permitiría equilibrar los costos de producción con los precios de compra de los molinos.
Otro aspecto central en la crisis es el papel de Fedearroz, entidad privada que administra recursos públicos para el sector. Acosta señaló que los productores venden la carga de arroz entre $180.000 y $230.000, cuando su costo de producción es superior, lo que afecta gravemente su sostenibilidad. “Fedearroz debe utilizar los recursos fiscales que recibe por cada kilo de arroz para reducir esa brecha de precios”, sostuvo.
Asimismo, el gobierno está analizando mecanismos para mejorar el almacenamiento del arroz en épocas de alta producción y evitar que el exceso de oferta genere pérdidas a los agricultores. Esta medida busca fortalecer los centros de acopio y garantizar que los productores no se vean obligados a vender su arroz por debajo de su costo de producción.
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Acosta también subrayó la necesidad de regular el mercado controlado por grandes industrias molineras, como Arroz Diana y Roa, que importan arroz de Ecuador y otras regiones, presionando a los campesinos a vender a precios bajos. “En Colombia existen oligopolios, y debemos sentar a los industriales en la mesa de negociación para que se comprometan con los productores”, enfatizó.
El contrabando de arroz es otro de los factores que agrava la crisis. Acosta cuestionó quiénes realmente se benefician de este comercio ilegal y pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) intensificar los operativos para frenar la entrada de arroz por vías ilegales. “No es la señora de la tienda quien compra grandes cargas de arroz de contrabando, son los mismos molineros. Debemos preguntarnos quién está detrás de esto”, denunció.
Finalmente, Acosta reiteró que el gobierno nacional no está evadiendo el problema, sino que trabaja en soluciones estructurales para evitar el colapso del sector arrocero en los próximos años. “Esperemos al 2030 y veamos cómo evoluciona la situación. Es el momento de tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde”, concluyó.
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