Por Marco Prieto: Ex candidato a la Gobernacion del Tolima - Pacto Histórico
El paro arrocero en el Tolima es más que una protesta puntual: es la evidencia de un problema estructural que lleva décadas golpeando al agro colombiano. No se puede entender la crisis del arroz sin mirar el modelo económico que se impuso con la Constitución del 91 y la apertura de mercados.
La desprotección de la producción nacional, la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) sin condiciones equitativas y la consolidación de monopolios en la agroindustria han dejado al campesinado en una situación insostenible. Hoy, el gobierno nacional debe atender estas justas reclamaciones, pero también es necesario poner sobre la mesa la responsabilidad histórica de quienes han construido una agenda política y legislativa en favor de los grandes grupos extractivistas y del desmonte del campo. Es irónico que los mismos hacendatarios del Plan del Norte, en Piedras, Tolima, que tradicionalmente han sido actores fuertes en el sector arrocero, terminaran apoyando la consulta popular contra la multinacional minera.
¿Por qué? Porque la agenda de poder de las élites priorizó la extracción de oro por encima de la soberanía alimentaria y del agua. El problema del arroz no”es solo un tema de precios. Es un reflejo de la descomposición del modelo productivo y de la falta de una política agraria integral. En 2013, el sector arrocero se quedó esperando una política que garantizara un piso mínimo de precios, en lugar de solo un techo regulador, para evitar que la producción nacional quedara a merced de la especulación.
¿Quiénes dieron un paso al costado en ese momento? Hoy, esas mismas voces quieren mostrarse como salvadores, pero olvidan su responsabilidad en la crisis. Es imposible hablar de la crisis arrocera sin recordar lo sucedido en 2014, cuando se denunciaron casos en los que toneladas de arroz fueron quemadas debido a cláusulas impuestas por contratos con multinacionales. El problema de las semillas certificadas y transgénicas había reducido la capacidad de los agricultores para sembrar de manera autónoma.
Pero cuando las cosechas volvieron a florecer, quienes lograron cultivar se vieron obligados a destruir su producción porque no cumplía con las condiciones impuestas por las grandes empresas. Este episodio no solo demostró la pérdida de soberanía alimentaria, sino que dejó en evidencia cómo el sector arrocero ha estado históricamente expuesto a abusos. Ahora algunos quieren culpar exclusivamente a este gobierno, cuando en realidad se trata de décadas de decisiones erradas que han condenado al agro a la dependencia y la precarización. Utilizar de manera oportunista el hambre y la crisis del campo no es más que una estrategia cruel de manipulación política. Si de verdad hay un interés en salvar el agro, hay que ser coherentes. ¿Cuál es el estado actual del monopolio arrocero en Colombia? ¿Cómo juegan en este escenario los grandes supermercados como Almacenes Éxito y otras cadenas que han afectado la competencia? ¿Por qué no se han sentado a la mesa con los congresistas que respaldan la reforma agraria para exigir una revisión de los TLC que han perjudicado al sector? Uno no puede ser la cura y la fiebre al mismo tiempo.
La crisis del arroz no es solo un asunto de precios o de subsidios. Mientras el mundo enfrenta el cambio climático y la escasez de recursos esenciales, Colombia necesita hacer un alto en el camino y retomar el desarrollo agrario con una visión de futuro. Es hora de que el agro deje de ser moneda de cambio en la agenda económica y que la producción de alimentos sea reconocida como un pilar de la soberanía nacional. El sector arrocero debe ir más allá de la politiquería y de la inamovilidad del régimen hacendatario que ha condenado al agro a una eterna dependencia. Es momento de dejar atrás la visión colonialista que ha permitido que unos pocos concentren la riqueza sin reinvertirla en el desarrollo productivo del país.
Ejemplos internacionales, como el de Brasil, demuestran que, más allá de la burguesía, existe una concepción nacional de la riqueza que implica la reinversión del capital para fortalecer la economía interna. Si este es un paro serio, debe abordar temas fundamentales como los ajustes en tasas y pilas, involucrando al sector privado, en especial al sistema bancario, que hoy juega un papel determinante en la asfixia financiera del agro.
Discutir sobre los sobrecostos del transporte sin cuestionar el papel de Luis Carlos Sarmiento Angulo en la red de peajes es simplemente llover sobre mojado. Alentemos el debate.
Es necesario reconocer que el gobierno nacional ha heredado una tradición política donde el partido conservador, con su máximo jefe territorial, Óscar Barreto, debe asumir las consecuencias de haber dado carta blanca a una multinacional que fue derrotada por la voluntad popular, pero que dejó daños irreparables, entre ellos, el abandono del sector agrario. Este abandono no fue casual: formó parte de una estrategia para minimizar el agro y obligarnos a aceptar el concepto de gobernanza como una imposición. Las incoherencias tienen un costo histórico. No pueden esconderse ni negarse. La responsabilidad está sobre la mesa, y el debate debe ser transparente. Es hora de tomar decisiones que verdaderamente transformen el futuro del agro colombiano.
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