La Universidad del Tolima enfrenta una grave crisis en el funcionamiento del Consultorio Jurídico “Alfonso Palacio Rudas”. Cerca de 600 procesos judiciales, muchos pertenecientes a comunidades vulnerables de las comunas 11 y 12 de Ibagué, están en riesgo debido a la falta de vinculación de los cuatro asesores asignados a las áreas de Penal, Conciliación, Público y Privado.
A pesar de que el calendario judicial ya inició, los asesores, cuyos contratos fueron aprobados en noviembre de 2024 bajo el Acuerdo 814 de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes (FCHA), aún no han sido contratados formalmente por la Rectoría de la universidad, encabezada por Omar Mejía. Esta situación afecta también a aproximadamente 70 estudiantes de octavo y noveno semestre de Derecho, quienes temen no poder cumplir con sus prácticas académicas obligatorias.
La nueva directora del Consultorio Jurídico, Alba Marcela Jaimes, emitió una directriz en la que pidió a los asesores desvinculados renunciar a los casos en curso y sugirió a los estudiantes con audiencias programadas gestionar aplazamientos, lo que ha generado aún más incertidumbre entre los afectados.
La exdirectora del Consultorio Jurídico, Inés Yohana Pinzón Marín, calificó la situación como un error grave que afecta a los sectores más vulnerables y destacó que, en su gestión de ocho años, nunca se interrumpieron los servicios. “El acceso oportuno a la administración de justicia es un pilar fundamental de la dignidad y la igualdad. Es lamentable que hoy los usuarios y estudiantes sufran esta situación”, expresó Pinzón Marín.
Por su parte, el docente Juan Felipe Rodríguez, asesor en Derecho Público, solicitó explicaciones a la rectoría sobre la falta de vinculación, advirtiendo que la medida podría obedecer a retaliaciones por las tutelas interpuestas el año pasado tras irregularidades en el concurso docente. “Solicito se expida el acto administrativo de vinculación aprobado por la FCHA. Si esto no ocurre, exijo se informe de manera motivada las razones detrás de esta decisión”, señaló Rodríguez.
Los estudiantes también alzaron su voz. La representación estudiantil del programa de Derecho envió una carta al rector, manifestando su preocupación por la situación y el impacto que esta tiene tanto en su formación profesional como en los derechos de los usuarios. En su misiva, exigieron que se contrate a los asesores de manera urgente para garantizar la continuidad del servicio.
En medio de esta crisis, el Consultorio Jurídico, considerado un espacio clave de proyección social y formación académica, se encuentra paralizado, afectando tanto a la comunidad universitaria como a los beneficiarios externos que dependen de este servicio gratuito.
Las decisiones de la dirección universitaria también han generado cuestionamientos sobre posibles represalias hacia los docentes y críticas por la falta de liderazgo para resolver la situación. En palabras de Pinzón Marín: “La universidad debe ser un espacio seguro para la expresión de ideas. Si esto no ocurre, entonces no merece llamarse universidad”.
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