Camilo Ossa, precandidato a la alcaldía de Ibagué, abogado y expersonero de Ibagué, a través de twitter señaló que el recaudo del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), y el nombre de Infotic, empresa responsable del mismo, ha generado inquietud y cuestionamientos. Diversos actores, incluyendo a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía Colombiana, han sido llamados a prestar atención ante lo que parece ser un entramado societario con visos de opacidad y posible vulneración de recursos públicos.
Infotic, empresa señalada de ejecutar contratos cuestionables a nivel nacional, cuenta con participación pública por parte del municipio de Manizales, pero en la práctica, actúa como una entidad para celebrar convenios interadministrativos y evadir la licitación pública de forma sospechosa.
El verdadero trasfondo de la situación es inquietante. A pesar de contar con representación pública en la junta directiva, esta es minoritaria, lo que deja a Infotic bajo el control y subordinación de seis variopintas empresas privadas. Esto, de acuerdo con el Código de Comercio, significa que la voluntad de Infotic está supeditada a la de sus controlantes, un hecho que ha pasado desapercibido para la gerencia y la junta directiva de Transmusical, así como para el gerente del SETP.
Las seis empresas controlantes de Infotic levantan sospechas por su carácter microempresarial y por su objeto social. La primera, llamada “Grupo VMS S.A.S.”, con sede en Cali, muestra un capital sorprendentemente bajo de 4 millones de pesos y tuvo un periodo de liquidación. La segunda, “Tecnologías y Finanzas S.A.S.”, también en Cali, tiene un capital pagado de 600 millones de pesos y su objeto social es la asesoría en diversos campos y operaciones con el sector financiero.
Por otro lado, la tercera empresa, “Pazmiño López y CIA SAS.”, también ubicada en Cali, se dedica al mercadeo y espacios publicitarios con un capital de 120 millones. La cuarta, “3T Business Partners SAS”, con sede en Bogotá, se encuentra en riesgo de disolución, y su objeto social es invertir en negocios lucrativos con un capital de tan solo 20 millones de pesos.
La quinta empresa controlante, “JVP Peralta Constructores”, domiciliada en Barranquilla, se dedica al alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipos, y su representante legal forma parte de la Junta Directiva de Infotic, mostrando un capital de 400 millones de pesos. La sexta y última empresa, “Asincon y Asociados S.A.”, también de Barranquilla, se dedica a temas contables y de auditoría, con un capital autorizado de 10 millones de pesos, de los cuales solo ha pagado la mitad.
El contrato para el recaudo del SETP asciende a una cifra asombrosa de 3 billones de pesos, extendido a 16 años, y llama la atención que la empresa ejecutora y sus controlantes no cuenten con un capital mínimo para responder ante posibles incumplimientos, lo que ha generado un profundo escándalo.
Ante este panorama, diversas voces exigen una pronta intervención de las entidades de control para esclarecer la situación y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos de la ciudad. Se hace necesario investigar a fondo los convenios interadministrativos y las acciones de las empresas involucradas, a fin de garantizar la correcta utilización de los recursos y proteger los intereses de la comunidad ibaguereña. La ciudadanía espera respuestas claras y contundentes que aseguren la rectitud y legalidad en este importante ámbito de la gestión pública.
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