Una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación advierte una presunta violación a la Ley 80 de 1993 por parte de la actual administración de Ibagué, al contratar a la esposa del exalcalde Andrés Hurtado, quien estaría inhabilitada para ejercer contratos públicos en el municipio.
Una denuncia radicada ante la Procuraduría General de la Nación ha encendido las alarmas sobre un contrato de prestación de servicios por valor de $65.405.000, suscrito por el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) con Leidy Esperanza Galeano Ortiz, esposa del exalcalde Andrés Fabián Hurtado.
El documento legal fue presentado en Bogotá por el abogado José Baruth Tafur Gutiérrez, quien argumenta que la contratación viola el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que prohíbe a los familiares directos de exmandatarios celebrar contratos con la entidad territorial en la que su cónyuge ejerció funciones, durante el periodo siguiente a su administración.
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El contrato, identificado con el número 087 del 22 de febrero de 2024, fue firmado tan solo 53 días después del cambio de gobierno, lo que lo ubica directamente dentro del periodo de inhabilidad señalado por la ley. El documento fue suscrito por el gerente del IMDRI, Sebastián Augusto Perdomo Rondón, nombrado por la actual alcaldesa Johana Aranda, heredera política de Hurtado.
La contratación de Galeano Ortiz ha sido señalada como un caso de nepotismo y favorecimiento político, dado que, según la denuncia, el contrato fue aprobado pese a la evidente inhabilidad y bajo la directa supervisión del IMDRI, sin mostrar reparos legales ni administrativos.
El contrato contempla una amplia gama de responsabilidades, desde asesorías psicológicas en programas deportivos hasta participación en comités y actividades comunitarias, lo que según los denunciantes busca aparentar una vinculación funcional común y diluir su verdadera naturaleza política.
El abogado denunciante considera que esta contratación no solo viola la norma legal, sino que representa un uso indebido del poder público para beneficiar a un círculo político familiar, afectando la transparencia prometida por la actual administración.
En respuesta a estas denuncias, la Procuraduría deberá determinar si existe mérito suficiente para anular el contrato y abrir investigaciones disciplinarias contra los funcionarios involucrados. También se estudia la posible apertura de procesos por tráfico de influencias y favorecimiento indebido.
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La ciudadanía ibaguereña se ha mostrado crítica ante este nuevo escándalo, que pone en entredicho la legitimidad de un gobierno que inició su gestión con promesas de transparencia, pero que, según los hechos denunciados, continúa operando bajo la sombra de la administración anterior.
Mientras se define la legalidad del contrato, la presión política y ciudadana crece, exigiendo que se aclaren los hechos y se sancione cualquier conducta que vulnere los principios de legalidad y ética en la administración pública.
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