En el último año y medio, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, ha experimentado un sorprendente incremento en su nivel de vida, lo que ha generado dudas y cuestionamientos entre los ciudadanos. Un informe reciente del portal El Olfato detalla una serie de adquisiciones y movimientos financieros realizados por Aranda y su esposo, Juan Arturo Gutiérrez, que han levantado sospechas sobre la procedencia de los recursos.
Uno de los principales puntos de controversia es la compra de una camioneta Mercedes Benz GLE 450 híbrida, modelo 2020, valorada en cerca de 300 millones de pesos. Según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), Aranda adquirió el vehículo en noviembre de 2022. Lo que resulta preocupante es la posible conexión de esta adquisición con un empresario interesado en contratos con la Alcaldía, aunque hasta ahora no se ha podido comprobar ninguna relación directa con la contratación estatal en Ibagué.
Además, se cuestiona cómo Aranda y Gutiérrez lograron aportar 50 millones de pesos cada uno a su campaña electoral de 2023, a pesar de estar desempleados desde mediados de 2022. Sorprendentemente, Aranda reportó ingresos superiores a 568 millones de pesos en su declaración de renta del año pasado, una cifra notablemente superior a la de años anteriores cuando ocupaba cargos públicos.
Otra transacción que ha generado inquietud es la compra de una vivienda en el exclusivo sector de El Vergel. La propiedad, adquirida por la madre de Gutiérrez, la excongresista Alba Esther Ramírez, fue comprada por 650 millones de pesos, un precio considerablemente inferior al valor de mercado. Esto ha suscitado especulaciones sobre una posible evasión de impuestos o la omisión de declarar grandes sumas de dinero en efectivo.
Este caso ha llevado a muchos ciudadanos a recordar el escándalo del exalcalde Andrés Hurtado, mentor político de Aranda, quien también fue cuestionado por su rápido ascenso económico durante su mandato. Al igual que Hurtado, la alcaldesa ha evitado responder a las preguntas sobre su patrimonio, lo que ha incrementado la desconfianza entre los ibaguereños.
La falta de transparencia y las evasivas de Aranda ante estos cuestionamientos han generado un creciente malestar en la opinión pública. Los ciudadanos exigen explicaciones claras y contundentes sobre el origen de su repentino enriquecimiento, y la presión sobre la mandataria sigue en aumento.
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