Gobernadora Adriana Magaly Matiz suscribió contratos por $771 millones con firma bogotana Eloquentem S.A.S., pese a contar con un robusto equipo de comunicaciones en la administración. La contratación ha generado dudas por sus altos costos y poca transparencia.
Una contratación millonaria y silenciosa tiene en el centro del debate público a la gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz. En menos de seis meses, su administración ha firmado dos contratos por $771 millones con la firma bogotana Eloquentem S.A.S., especializada en asesoría en comunicaciones.
El primer contrato, por $321 millones, fue firmado el 15 de octubre de 2024 y tenía una duración de apenas dos meses y medio. El segundo, con fecha del 14 de marzo de 2025, asciende a $450 millones y se extenderá por nueve meses más, consolidando una suma que ha despertado críticas por su magnitud frente a las funciones contratadas.
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La representante legal de Eloquentem S.A.S., Carolina Orjuela Martínez, es quien ha ejecutado la mayoría de las actividades contratadas. Aunque inicialmente presentó un equipo de ocho personas, para el segundo contrato este se redujo considerablemente, según fuentes internas de la Gobernación.
La polémica se intensifica al considerar que la Gobernación del Tolima ya tiene contratado un equipo de aproximadamente 30 profesionales del área de comunicaciones, entre periodistas, camarógrafos, diseñadores y técnicos, con salarios que oscilan entre $2.8 y $4.5 millones mensuales. La ciudadanía se pregunta por qué se requiere una costosa firma externa para funciones similares.
Orjuela, quien ha trabajado en campañas políticas en el Tolima y ha asesorado a varias entidades nacionales, no es una desconocida en el escenario público. Sin embargo, expertos consultados en Bogotá consideran que los montos contratados por la Gobernación están muy por encima del promedio del mercado, incluso frente a entidades de alto nivel como la Presidencia de la República.
Según estos expertos, el contrato de octubre implicó pagos mensuales de más de $120 millones, una cifra que cuadruplica lo que usualmente cobra un asesor de alto nivel en entidades nacionales. “Eso no cuesta ni en la Casa de Nariño”, comentó un consultor con experiencia en la Presidencia y Fiscalía.
La Gobernación del Tolima respondió que esta contratación responde a necesidades estratégicas para posicionar el plan de desarrollo “Con Seguridad en el Territorio” a nivel nacional e internacional. Aseguran que se trata de un acompañamiento interdisciplinario que fortalece la gestión pública y no reemplaza al equipo de planta.
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En cuanto a las críticas por un posible entrenamiento mediático para la gobernadora, la administración negó que el contrato incluya ese servicio. Sin embargo, el documento contractual sí contempla la asesoría directa en la difusión y visibilidad de la gestión del despacho de Matiz, lo que mantiene abierta la controversia.
A pesar de la defensa oficial, el debate sobre la pertinencia, necesidad y transparencia de este tipo de contratos persiste. Sectores ciudadanos y de oposición reclaman mayor austeridad y una revisión del uso de los recursos públicos, especialmente en momentos en que se requieren inversiones urgentes en salud, educación y desarrollo rural.
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