La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula la elección de Oswaldo Mauricio Alape Arias como alcalde de Coyaima para el periodo 2024-2027. La decisión, emitida el 23 de enero de 2025, pone fin al proceso judicial que inició tras las elecciones municipales del año pasado.
La sentencia, proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima el 11 de julio de 2024, fue ratificada en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, la defensa del demandado presentó una solicitud de aclaración, que finalmente fue negada por la Sección Quinta, dejando en firme la nulidad electoral.
En el fallo, el Consejo de Estado argumentó que la solicitud de aclaración no cumplía con los requisitos legales para ser admitida, tal como lo establece el artículo 285 del Código General del Proceso (CGP). Además, se recordó que contra esta decisión no procede ningún recurso ordinario, dando por cerrado el caso en el ámbito jurídico.
“La Sección Quinta es competente para resolver esta solicitud en conformidad con los artículos 290 de la Ley 1437 de 2011 y 285 del CGP. Se concluye que no hay lugar a modificar o aclarar el fallo emitido en noviembre de 2024”, señala el documento oficial.
Este caso se suma a los recientes procesos de revisión electoral en el departamento del Tolima, evidenciando el rigor con que las autoridades judiciales están evaluando la transparencia de los comicios locales. La anulación deja a Coyaima sin un alcalde titular, por lo que en los próximos días se espera un pronunciamiento oficial sobre los mecanismos que garantizarán la continuidad administrativa en el municipio.
La decisión genera incertidumbre política y administrativa en Coyaima, donde Alape Arias había iniciado su mandato con un enfoque en proyectos de desarrollo rural y fortalecimiento de la infraestructura básica. Por ahora, la Gobernación del Tolima deberá asumir un rol clave para designar un alcalde encargado mientras se define el rumbo político del municipio.
El fallo del Consejo de Estado reitera la importancia de garantizar la transparencia en los procesos electorales y el respeto a las normas que rigen la democracia en Colombia.