En las últimas semanas, este medio de comunicación ha recibido diversas denuncias de ciudadanos que señalan el comportamiento inapropiado de algunos jueces de la seccional Tolima, quienes, según los testimonios, son vistos frecuentemente consumiendo licor en cafeterías cercanas al Palacio de Justicia de Ibagué durante horas laborales. Este tipo de conductas, aseguran los denunciantes, refleja un preocupante descuido en la administración de justicia, lo que a su vez repercute en los ya graves retrasos y mora judicial que afecta al departamento.
De acuerdo con las declaraciones recogidas, no es raro encontrar a los jueces compartiendo con abogados y usuarios de la justicia en tertulias, en lugar de atender sus obligaciones. “Es indignante ver cómo se aprovechan del tiempo que deberían destinar a resolver los casos de miles de personas que esperan justicia. Mientras tanto, la ciudadanía sufre los pésimos resultados del sistema judicial”, manifestó uno de los denunciantes, que pidió permanecer en el anonimato.
En un derecho de petición presentado a la seccional de Ibagué de la rama judicial, se solicitó información sobre las actas de entrada y salida del personal, así como los videos de seguridad. La respuesta fue alarmante: a pesar de contar con cámaras de seguridad, estas al parecer no se encuentran en funcionamiento, lo que deja en evidencia la falta de control y supervisión sobre el personal. Estas cámaras, compradas con recursos públicos, representan un activo inutilizado que no cumple con su propósito de monitorear la actividad dentro de los edificios judiciales.
El descontento por la conducta de los jueces se agrava al conocer los altos salarios que perciben, aproximadamente 15 millones de pesos mensuales. Los ciudadanos cuestionan la justificación de estos salarios cuando, en lugar de cumplir con su deber, algunos funcionarios parecen más preocupados por socializar y consumir licor en horario laboral. Esta situación ha generado un gran malestar, alimentando la percepción negativa que muchos colombianos tienen del sistema judicial.
En el contexto de esta denuncia, es imposible no recordar el escándalo del “cartel de la toga”, un caso de corrupción dentro de la justicia que aún no ha sido esclarecido por completo. Esto aumenta la desconfianza de la ciudadanía frente a la transparencia y eficiencia del sistema judicial en Colombia.
Por último, organizaciones como la Fundación Jurídica Proyecto Inocencia han advertido sobre la grave situación en la designación de jueces en el país. Un informe reciente reveló que el 49% de los jueces en Colombia han sido nombrados sin mérito, por amiguismo o clientelismo, lo que refuerza la sensación de que el sistema judicial está en crisis y necesita reformas urgentes.
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