Integrantes de la Mesa Departamental de Derechos Humanos alertan sobre panfletos intimidantes dirigidos a tenderos y líderes sociales en Villahermosa y otras zonas del Tolima. Se investiga si los responsables son grupos armados o delincuencia común.
Comerciantes y líderes sociales en el norte del Tolima están siendo víctimas de amenazas y extorsiones, según denuncias recientes de la Mesa Departamental de Derechos Humanos. En diálogo con LAOTRAVERDAD.CO, un integrante de la organización alertó sobre la circulación de panfletos intimidantes dirigidos a tenderos, entre ellos la propietaria de la tienda La Esmeralda en Villahermosa.
De acuerdo con la denuncia, los panfletos advierten a los comerciantes que deben abandonar la zona o enfrentar represalias, bajo acusaciones de ser informantes. La situación ha generado un clima de temor entre los afectados, quienes en muchos casos evitan denunciar por miedo a represalias.
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Las autoridades aún no han determinado si estas amenazas provienen de grupos armados ilegales o de la delincuencia común. Sin embargo, se ha identificado un patrón de extorsión en el que los comerciantes son presionados para entregar dinero, no en efectivo, sino a través de cuentas bancarias, un método poco habitual en organizaciones al margen de la ley.
El caso ha tomado mayor relevancia tras el asesinato de un excombatiente identificado como Miller, en un enfrentamiento en Murillo. Según la Mesa de Derechos Humanos, tras este hecho se han intensificado las amenazas en la región, afectando no solo a los comerciantes sino también a otros líderes sociales.
Uno de los principales retos en la investigación es establecer la verdadera identidad de los responsables. “Cuando son grupos armados, suelen llegar directamente a las fincas o a los negocios de las víctimas, no piden consignaciones”, explicó el denunciante. Esta diferencia en el modus operandi ha generado dudas sobre si se trata de estructuras criminales organizadas o de bandas de extorsionistas que se hacen pasar por actores armados.
Las comunidades han solicitado mayor presencia de las autoridades en la zona para garantizar la seguridad de los comerciantes y evitar que la situación escale a hechos de violencia. También exigen que se investigue a fondo quiénes están detrás de las amenazas y cuál es su verdadera intención.
Hasta el momento, las autoridades han iniciado investigaciones preliminares para determinar la procedencia de los panfletos y los posibles responsables de estas intimidaciones. Mientras tanto, los comerciantes expuestos a un ambiente de incertidumbre y zozobra.
La Mesa Departamental de Derechos Humanos reiteró su llamado al Gobierno y a las instituciones encargadas de la seguridad para que tomen medidas urgentes que permitan frenar esta ola de intimidaciones y brindar garantías a quienes viven y trabajan en la zona.
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