Un veedor ciudadano alertó a la Fiscalía General y a la Procuraduría General de la República sobre la presunta manipulación y archivo sin justificación de procesos fiscales en la Contraloría de Ibagué. Las investigaciones involucran a la exalcalde Andrés Hurtado y a la actual alcaldesa Johana Aranda, por un detrimento patrimonial superior a los $59 mil millones.
Una grave denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República, alertando sobre el archivo irregular de más de 50 procesos fiscales y sancionatorios que cursaban en la Contraloría Municipal de Ibagué durante los años 2024 y 2025. La denuncia fue firmada por el veedor ciudadano José René Pérez Ortegón.
Según el documento, los procesos archivados estaban dirigidos en contra del exalcalde Andrés Fabián Hurtado y de la actual alcaldesa Johana Aranda, y corresponderían a casos de presunto detrimento patrimonial por más de $59.000 millones, suma que representa un golpe grave a los recursos públicos del municipio.
La denuncia destaca que los procesos fueron suspendidos de manera sorpresiva, sin que mediara justificación técnica ni soporte legal suficiente, lo que podría configurar una omisión deliberada, abuso de autoridad o incluso encubrimiento de actos de corrupción.
Entre los involucrados por el Veedor Ciudadano en el presunto archivo irregular (sin generar juicios de valor ni imputarle delito alguno, pues lo únicos con esas facultades son los jueces de la república, la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría) también se mencionan a la contralora municipal Edna Margarita Murcia Mejía y su esposo Antonio Fajardo Rico, según señala la carta (aunque en este apartado el Veedor le dice Subcontralor a Fajardo, sin él tener ninguna vinculación laboral con la entidad), dirigida a la Fiscal General Luz Adriana Camargo, a quienes se les señala de actuar de forma arbitraria en la terminación de los procesos, muchos de los cuales ya contaban con hallazgos fiscales de alcance penal.
El veedor solicitó que se inicie una investigación penal formal sobre estos hechos y que se ordene una auditoría integral a todos los procesos archivados por la Contraloría de Ibagué, con el fin de establecer si existió negligencia o manipulación de los trámites.
Hay que señalar también que, en un boletin de prensa de la Procuraduría, fecha el 3 de mayo de 2023 (@PGN_COL). “La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la contralora de Ibagué, Tolima, Edna Margarita Murcia Mejía, por presuntas irregularidades en la vinculación y desvinculación de personal, en contravía de las normas de carrera administrativa”. y agregó en otro apartado de la misma comunicación que la entidad “busca establecer si la contralora permitió o facilitó el uso del vehículo oficial asignado al particular, Antonio Fajardo Rico, quien, al parecer, es su esposo; y si impuso trabajos ajenos a sus funciones a cuatro auditores de la Contraloría, modificando el Manual de Funciones y la planta de personal, sin contar con la autorización del Concejo Municipal ni con la de la Comisión Nacional del Servicio Civil”.
Asimismo, el Veedor Ortegón pidió que se garantice la preservación de los expedientes físicos y digitales y los registros en el sistema SIA Fiscal, para evitar la pérdida de evidencia y asegurar la trazabilidad de los procesos archivados.
El caso ha generado preocupación entre sectores ciudadanos, quienes temen que estas acciones no solo comprometan el patrimonio público, sino que profundicen la desconfianza en los entes de control y vigilancia del municipio.
Adenda: La denuncia realizada y pública por el señor Veedor ciudadano José René Pérez Ortegón, sin embargo, para tener un mejor equilibrio de la información se remitió Derecho de Petición a la Contraloría y demás entidades de control para conocer de fondo el caso.
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