La alcaldesa Johana Aranda se encuentra en el centro de la polémica por millonarios contratos de propaganda, deterioro en la infraestructura de Ibagué y una creciente percepción ciudadana de continuidad con las prácticas de corrupción del exalcalde Andrés Hurtado.
La administración de Johana Aranda en Ibagué enfrenta un creciente descontento ciudadano, no solo por su escasa gestión en materia de infraestructura urbana, sino también por los contratos millonarios que ha adjudicado a medios aliados. En redes sociales, crece una campaña crítica que cuestiona el uso del erario para propaganda en lugar de soluciones concretas.
Una reciente pieza gráfica, que se ha viralizado bajo el lema “Nos han Hurtado”, hace alusión directa a la conexión entre Johana Aranda y el exalcalde Andrés Hurtado. En ella se muestra el rostro de la mandataria rodeado de grietas, representando el deterioro físico y ético que muchos aseguran atraviesa la ciudad. “Ni TikToks ni mentiras taparán la destrucción y corrupción que deja en Ibagué”, se lee en la ilustración.
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El malestar ha escalado tras revelarse que la emisora Ecos del Combeima recibió cerca de $600 millones en tres contratos firmados con la Alcaldía y el IBAL, destinados a publicidad institucional. Esta cifra, ejecutada en apenas 10 meses, equivale a $60 millones mensuales para un solo medio, lo que ha despertado sospechas sobre favoritismos y uso clientelista de los recursos públicos.
La ciudadanía también ha cuestionado que, mientras se destinan sumas millonarias a campañas mediáticas, las calles de la ciudad permanecen deterioradas, con huecos sin intervención, y problemas estructurales sin resolver. A esto se suma el descontento por la estrategia de comunicación de la mandataria, centrada en TikToks y redes sociales, que muchos consideran superficial y ajena a las verdaderas necesidades de la ciudad.
La percepción de que la actual alcaldesa es una continuación de la administración Hurtado se refuerza con cada nuevo escándalo. Bajo el gobierno anterior, Ibagué enfrentó cuestionamientos por contratos sin licitación, obras inconclusas y presunto favorecimiento a aliados políticos, prácticas que, según líderes ciudadanos, Aranda no ha corregido.
Organizaciones sociales, colectivos artísticos y ciudadanos en general han intensificado las denuncias en redes sociales, generando una contra-narrativa que busca hacerle frente a la maquinaria de comunicación oficial. La crítica apunta a que se utiliza el aparato estatal no para informar, sino para maquillar una gestión ineficiente.
La situación ha llegado al punto en que se exige la intervención de entes de control, como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, para auditar la contratación pública y frenar lo que muchos ven como una estrategia de maquillaje institucional que omite la crítica, silencia voces opositoras y reproduce el continuismo.
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