Duverney Salazar, propietario del medio El Irreverente Ibagué y cercano al grupo político de Andrés Hurtado y Johana Aranda, recibió un contrato por $250 millones con la Alcaldía de Ibagué. El objetivo: mejorar la imagen de la administración en medio de cuestionamientos por falta de gestión.
En medio de una ciudad golpeada por el desempleo y la crisis de infraestructura, la reciente contratación del periodista Duverney Salazar por parte de la Alcaldía de Ibagué ha despertado fuertes críticas. El contrato, por un valor de $250 millones, tiene como fin ejecutar campañas institucionales de visibilidad mediática para mejorar la percepción del gobierno municipal.
Salazar, conocido por su cercanía con el exalcalde Andrés Hurtado y la actual mandataria Johana Aranda, también ha sido objeto de polémicas previas por denuncias de presunta violencia física y supuesta al parecer, explotación laboral a jóvenes reporteros. Ahora, su nuevo contrato reaviva las acusaciones de uso político del periodismo en beneficio del grupo gobernante.
La adjudicación del contrato ha generado malestar entre sectores ciudadanos que consideran injustificable destinar recursos públicos a propaganda en lugar de atender problemas urgentes como la inseguridad, el desempleo estructural o el deterioro de la malla vial.
Críticos de la administración Aranda señalan que no se trata de impedir que alguien trabaje, sino de cuestionar el uso del periodismo como un instrumento de presión política y promoción de intereses partidistas. El contrato, dicen, no responde a una necesidad informativa sino a un pago por lealtades políticas.
En redes sociales y medios alternativos, el caso ha sido calificado como “una vergüenza” para una ciudad en la que más de la mitad de la población en edad laboral está sin empleo. Mientras las prioridades ciudadanas son desatendidas, se premia con dinero público a quienes defienden sin cuestionamientos a la administración local.
La cifra, $25 millones mensuales por diez meses, refleja un gasto difícil de justificar en el actual contexto social de Ibagué. Muchos ciudadanos exigen que estos recursos se destinen a proyectos comunitarios, programas de empleo o intervenciones urgentes en los barrios más afectados.
Desde la Alcaldía no se ha emitido una declaración oficial explicando los criterios de contratación ni los indicadores de resultados esperados. La opacidad ha aumentado el malestar y alimentado las sospechas de que se trata de un pago político por servicios de imagen.
Lo que debería ser un periodismo al servicio de la verdad y la ciudadanía, en este caso parece haberse convertido en una herramienta de propaganda. La prioridad de una buena gestión no debería ser su imagen, sino su capacidad de resolver los problemas reales de la gente.
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