Jorge Cabrera, actual directivo de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), enfrenta serias denuncias por presuntas amenazas, acoso laboral y trato indigno contra personal médico y de enfermería. Los trabajadores denuncian explotación, jornadas extenuantes y amenazas de despido por exigir condiciones mínimas de seguridad y dignidad laboral.
Graves denuncias de acoso laboral y amenazas de despido sacuden a la Unidad de Salud de Ibagué (USI), tras la difusión de un audio en el que el gerente Jorge Cabrera advierte con “liquidar bilateralmente” los contratos de cerca de 180 médicos y enfermeras que han exigido mejores condiciones laborales.
Los afectados hacen parte de los Equipos Básicos de Salud, una estrategia impulsada por el Ministerio de Salud y que cuenta con una financiación de más de $9.000 millones. Este programa tiene como objetivo llevar atención médica a comunidades vulnerables, pero los trabajadores denuncian que, en vez de fortalecer el servicio, enfrentan maltrato, explotación y amenazas constantes.
Según denuncias recogidas por medios regionales y respaldadas por documentos enviados a la Coordinación Administrativa de la USI, el personal contratado bajo la modalidad de prestación de servicios ha sido obligado a cumplir jornadas superiores a las 12 horas, incluso en noches y festivos, sin ningún tipo de compensación económica.
Además, los profesionales de la salud señalan que no reciben información oportuna sobre sus asignaciones laborales. “Muchas veces nos avisan el lugar de trabajo a altas horas de la noche, y con errores, lo que genera desorganización y estrés”, afirmaron varios trabajadores.
La situación se agravó durante la contingencia por fiebre amarilla, cuando los contratistas fueron reubicados arbitrariamente en labores de apoyo, bajo condiciones extenuantes y sin tiempo adecuado para el descanso o la alimentación. Las pausas apenas alcanzaban los 30 minutos en jornadas masivas de atención.
A estas condiciones se suma el retraso en el pago de honorarios. Muchos contratistas han tenido que esperar hasta un mes para recibir su salario, enfrentando requisitos administrativos no estipulados previamente en el contrato. Esta situación ha llevado a varios profesionales a renunciar, debilitando la cobertura de atención en zonas críticas.
Jorge Cabrera, quien se desempeñó como alcalde de Venadillo entre 2020 y 2023, y ahora ocupa un cargo directivo en la USI, tiene un historial controversial. Durante su administración fue sancionado por desacato a un fallo judicial y su salario fue embargado por una deuda de campaña política.
A pesar de las múltiples denuncias y del revuelo generado, hasta la fecha la USI no ha emitido un pronunciamiento oficial. La ciudadanía y los profesionales de salud esperan respuestas claras y medidas urgentes para garantizar el respeto a los derechos laborales y la integridad de quienes cuidan la salud pública.
Adenda: al cierre de esta redacción, la Unidad de Salud de Ibagué no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias, sin embargo su Gerente sí señaló al respecto en medios locales.
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