Denuncian venta ilegal de lotes en Villa Resistencia tras expulsión de invasores

Habitantes de la comuna 8 de Ibagué han denunciado que grupos delincuenciales están desalojando por la fuerza a las personas que ocuparon terrenos en la invasión conocida como Villa Resistencia. Según los denunciantes, estos lotes estarían siendo revendidos por sumas inferiores a los cinco millones de pesos.

La problemática se concentra en el sector de la Ciudadela Simón Bolívar, donde desde hace meses se han registrado invasiones de predios. Sin embargo, en los últimos días, los ocupantes han sido desplazados mediante amenazas y actos violentos. Los afectados aseguran que no solo los han expulsado, sino que los mismos terrenos están siendo comercializados ilegalmente.

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Frente a esta situación, la comunidad ha solicitado la intervención urgente de las autoridades locales, especialmente de la Secretaría de Gobierno de Ibagué. Sin embargo, los residentes han manifestado su inconformidad por la falta de respuesta de Leandro Vera, actual secretario de Gobierno, quien, según denuncian, no ha ejecutado el fallo judicial que ordena el desalojo formal del área invadida.

Además del problema de invasión y venta ilegal de terrenos, los habitantes de la zona han advertido sobre el aumento de delitos como el hurto a personas y el microtráfico. Aseguran que la presencia de grupos ilegales ha generado un clima de inseguridad que afecta tanto a quienes ocupaban los predios como a los vecinos del sector.

Las víctimas de estos desalojos forzados han intentado comunicarse con las autoridades para denunciar la situación, pero hasta el momento, no han recibido respuestas concretas ni acciones contundentes por parte de la Alcaldía de Ibagué. En este contexto, crece la incertidumbre sobre quién asumirá la responsabilidad de ejecutar el fallo judicial pendiente.

A pesar de las reiteradas denuncias, la presencia de las autoridades en la zona sigue siendo insuficiente, lo que ha permitido que las bandas criminales sigan operando con impunidad. Los habitantes exigen que se garantice la seguridad y se cumpla con las decisiones judiciales para evitar que la problemática se agrave aún más.