La minería ilegal en el sur del Tolima se consolida como una de las principales fuentes de financiación de las disidencias de alias ‘Mordisco’, que cobran porcentajes sobre la extracción de oro, controlan el ingreso de maquinaria y amplían su presencia territorial, mientras crece el impacto ambiental y social en la región.
La minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los pilares financieros de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en el sur del Tolima, donde las autoridades advierten un preocupante fortalecimiento de estas estructuras armadas ilegales. Según reportes oficiales, estos grupos estarían imponiendo un “impuesto” de hasta el 10% sobre el mineral extraído, consolidando así un esquema sistemático de financiación criminal en zonas rurales del departamento.
Además de este cobro directo, las organizaciones ilegales estarían exigiendo pagos millonarios a los mineros para permitir el ingreso de maquinaria pesada, como retroexcavadoras y equipos de succión, lo que evidencia un control territorial cada vez más estructurado sobre esta economía ilícita. Este modelo extorsivo ha permitido que las disidencias amplíen su capacidad operativa y logística en la región.
De acuerdo con información entregada por las autoridades, el frente Ismael Ruiz, vinculado a estas disidencias, cuenta con cerca de 220 integrantes desplegados en municipios estratégicos como Ataco, Coyaima y Chaparral, donde han logrado consolidar corredores de movilidad y zonas de explotación minera ilegal. Esta presencia refuerza su influencia sobre comunidades rurales y actividades económicas locales.
El alcance de este negocio ilícito es significativo. Se han identificado al menos 22 puntos activos de extracción ilegal de oro, cada uno con una producción estimada de 600 gramos semanales, lo que se traduce en un flujo constante de recursos para estas estructuras criminales. Investigaciones recientes indican que complejos similares han llegado a generar miles de millones de pesos mensuales para las disidencias .
Las autoridades también han evidenciado que esta actividad está directamente relacionada con otras economías ilegales y dinámicas de violencia, fortaleciendo la capacidad de las disidencias para sostenerse en el territorio. Operativos recientes han permitido golpear estas estructuras, afectando ingresos ilegales que superan los 4.000 millones de pesos y destruyendo maquinaria utilizada en la extracción ilícita .
El impacto ambiental de esta práctica es alarmante. La explotación ilegal ha provocado la contaminación de fuentes hídricas como los ríos Amoyá, Atá y Saldaña, además de la deforestación de amplias zonas de bosque, afectando ecosistemas estratégicos y la biodiversidad regional . El uso de sustancias tóxicas como mercurio agrava aún más la situación, poniendo en riesgo la salud de las comunidades cercanas.
A esto se suma un fenómeno social creciente: la llegada de población flotante atraída por la minería ilegal. Este flujo ha incrementado la demanda de insumos como el combustible, evidenciado en municipios como Ataco, donde el consumo de diésel se ha disparado de manera exponencial en los últimos años, reflejando la intensidad de la actividad extractiva ilegal.
Finalmente, las autoridades advierten que la expansión de la minería ilegal no solo representa un problema ambiental y económico, sino también un factor clave en el fortalecimiento de grupos armados ilegales en el sur del Tolima. Frente a este panorama, se intensifican los operativos y estrategias interinstitucionales para frenar estas actividades y recuperar el control del territorio.
