En una apuesta por el fortalecimiento de capacidades en territorios históricamente excluidos, la Vicepresidencia de la República, en alianza con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ha logrado formar a más de 12.000 líderes y lideresas a través del programa Educación con Justicia Social. Este esfuerzo conjunto culminó una de sus fases clave con la inauguración en Bogotá de la semana de inmersión del diplomado en gerencia de proyectos sociales y contratación pública con enfoque étnico.
La Vicepresidenta Francia Márquez destacó el impacto del programa durante el acto de apertura: “Celebro que después de dos años formando líderes y lideresas, hoy 52 de ellos estén aquí en Bogotá compartiendo sus experiencias. Este proyecto no solo genera capacidades, sino que abre caminos para que las comunidades puedan prosperar y superar las barreras de inequidad”.
El diplomado, que en esta fase ha beneficiado a más de 1.450 personas provenientes de 26 municipios priorizados, incluidos territorios PDET afectados por el conflicto armado, se centra en la gestión de proyectos y contratación pública con enfoque étnico. Según Carolina Hernández Acevedo, directora del programa, esta formación busca “fortalecer a las organizaciones sociales mediante el intercambio de saberes y la creación de redes de trabajo que promuevan la transformación de los territorios”.
La semana de inmersión en Bogotá reúne a líderes de comunidades afrodescendientes, indígenas, raizales, palenqueras, ROM, población LGBTIQ+ y personas con discapacidad. Este espacio les permite compartir conocimientos con expertos de diversas disciplinas, adquirir herramientas prácticas y establecer alianzas para el desarrollo comunitario.
Uno de los logros más destacados del programa es la promoción de la gobernanza participativa. Hernández Acevedo subrayó que esta iniciativa es un ejemplo de colaboración entre la sociedad civil, el gobierno nacional y la academia, enfocándose en la inclusión, la equidad y la no discriminación.
Por su parte, la Vicepresidenta enfatizó que este programa es parte de una estrategia integral para impulsar la economía popular y romper las barreras institucionales que históricamente han dificultado la participación de las organizaciones sociales en proyectos de inversión. “Apostamos a seguir formando agentes de cambio que puedan liderar transformaciones en sus comunidades”, afirmó.
El impacto de *Educación con Justicia Social* se extiende desde La Guajira hasta la Amazonía, pasando por el Chocó y el Oriente colombiano. Con más de 2.900 personas beneficiadas en esta tercera fase, el programa reafirma su compromiso con el desarrollo y la inclusión en los territorios más vulnerables.
Este modelo educativo, que combina formación gratuita, enfoque étnico y trabajo comunitario, se consolida como una herramienta clave para cerrar brechas de desigualdad en el país, proyectando un futuro donde la educación sea el motor de cambio y desarrollo sostenible en Colombia.
