Trabajadores de SARA Ltda. denuncian que llevan meses sin recibir sueldo ni prestaciones sociales, mientras los familiares del dueño capturado, presuntamente ligado al Clan del Golfo, llevan una vida de lujos y mantienen relaciones cercanas con la familia de la alcaldesa Johana Aranda.
Decenas de vigilantes de la empresa de seguridad SARA Ltda., con sede en el barrio Varsovia de Ibagué, denuncian que no han recibido sus salarios desde el mes de febrero, situación que los ha llevado al borde del hambre y al desalojo por no poder pagar arriendos ni servicios básicos.
La empresa, que se encuentra bajo intervención del Gobierno Nacional, es propiedad de Jorge Oswaldo Castaño, capturado por las autoridades por sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo y alias “Terror”, organización armada ilegal con fuerte presencia en el país.
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Uno de los trabajadores afectados relató que ha tenido que sobrevivir con ayuda de familiares y vecinos. “Nos deben marzo y abril. No tenemos seguridad social, y aún así nos obligan a ir a trabajar. No les importa si tenemos con qué comer o no”, dijo bajo reserva de identidad.
El escándalo no solo radica en el incumplimiento de los derechos laborales, sino en el contexto familiar que rodea al dueño de SARA Ltda. Jorge Oswaldo Castaño es suegro de Isabela Buendía Aranda, hija de la actual alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, lo que ha generado fuertes críticas en redes sociales.
Mientras los empleados viven en condiciones de miseria, los hijos del capturado exhiben un estilo de vida lujoso en redes sociales: cenas en restaurantes exclusivos, camionetas de alta gama y viajes, sin que se haya esclarecido el origen de estos recursos, ni la participación de sus familiares en la administración de la empresa.
Según los denunciantes, no hay respuesta por parte de entidades de control ni de la administración de SARA Ltda. frente a sus constantes peticiones de pago. Tampoco ha habido acompañamiento institucional por parte de la Alcaldía o entes de Derechos Humanos.
“Estamos expuestos físicamente porque trabajamos sin ARL ni EPS, y lo peor es que nadie nos responde. No sabemos a quién acudir. Solo nos dicen que esperemos”, señala otro trabajador afectado, visiblemente indignado por la falta de soluciones.
La situación ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos laborales, que ya han elevado peticiones formales ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para que se inicie una investigación que permita restituir los derechos vulnerados.
También se ha pedido esclarecer si existe algún tipo de conflicto de interés o influencia política que esté obstaculizando el proceso de intervención de la empresa y la protección a los trabajadores. El silencio de las autoridades locales ha generado malestar entre los ciudadanos.
Mientras tanto, las decenas de familias afectadas por la falta de ingresos siguen en la incertidumbre, aferrándose a la esperanza de que el Estado intervenga de manera efectiva para garantizar el derecho al trabajo y a una vida digna.
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