Juan Carlos Herrán, antiguo asesor político vinculado a exalcaldes de Ibagué, lidera ahora una red empresarial que ha facturado más de $237 mil millones en contratos con hospitales públicos del Tolima en solo cinco años.
Hace poco más de diez años, Juan Carlos Herrán y su esposa Leidy Johana Rodríguez eran apenas dos asesores más en la burocracia estatal de Ibagué. Sus nombres sonaban en círculos políticos locales, pero no tenían mayor protagonismo público ni ostentaban riquezas destacables.
Sin embargo, desde 2017 su situación cambió radicalmente. Hoy en día, se han convertido en los principales proveedores de servicios tercerizados en el sector hospitalario del Tolima, concentrando millonarios contratos con al menos diez hospitales públicos del departamento.
El ascenso económico de Herrán coincide con su historial de cercanía política a figuras como los exalcaldes Jorge Tulio Rodríguez y Luis H. Rodríguez. Durante la administración de este último (2012–2015), Herrán fue señalado como operador de la contratación, mientras su esposa ocupaba un cargo en la Secretaría de Movilidad de Ibagué.
Luego de ese periodo, ambos desaparecieron del radar mediático, pero su regreso fue estruendoso. A partir de 2020, con la llegada de Ricardo Orozco a la Gobernación del Tolima, el crecimiento de su emporio fue imparable: $237.754 millones en contratos, principalmente por servicios de logística, personal y aseo hospitalario.
Las tres empresas que sustentan su operación —LJR Logística Empresarial SAS, LJR Temporales SAS e Industrias Herranco S.A.S.— han sido las protagonistas de esta bonanza. Todas aparecen en registros públicos como contratistas recurrentes de hospitales departamentales y municipales.
El patrón es claro: prestación de servicios tercerizados, adjudicaciones continuas sin mayores observaciones y vínculos cercanos con gerencias hospitalarias alineadas políticamente. Esto ha levantado sospechas sobre posibles prácticas de clientelismo, tráfico de influencias y favorecimiento.
En muchos de los casos, los contratos se han firmado con empresas donde la familia Herrán–Rodríguez mantiene participación activa o indirecta, lo cual ha generado críticas desde sectores sociales y veedurías ciudadanas que piden mayor control.
Organizaciones civiles han denunciado que esta red empresarial opera como una maquinaria aceitada que mantiene el control de servicios esenciales en hospitales sin que se evidencien convocatorias abiertas o transparencia real en los procesos.
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La Procuraduría y la Contraloría han sido alertadas sobre posibles irregularidades. Mientras tanto, Herrán y su esposa siguen operando bajo un perfil bajo, lejos de los focos mediáticos, pero con una creciente influencia en uno de los sectores más sensibles del sistema público: la salud.
La situación pone sobre la mesa un debate de fondo: ¿hasta qué punto las redes político-empresariales están capturando el sistema de salud público en regiones como Tolima? Y más aún, ¿quién controla al que controla?
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