La polémica frase del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la vacunación infantil fue sacada de contexto. El Ministerio de Salud reiteró que no busca vulnerar los derechos parentales, sino proteger la vida y salud de los menores ante la fiebre amarilla.
El Ministerio de Salud y Protección Social aclaró este viernes que las recientes declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que mencionó que “todo menor de 18 años la patria potestad es del Estado”, fueron sacadas de contexto y no deben entenderse como una intención de interferir con los derechos parentales.
Las afirmaciones del ministro se dieron en medio de una rueda de prensa sobre la estrategia nacional de vacunación contra la fiebre amarilla, donde enfatizó que ningún padre puede impedir que su hijo sea vacunado, dado que el bienestar y la salud de los menores prevalece sobre creencias personales o religiosas.
En respuesta a la controversia generada, el Ministerio emitió un comunicado en el que explicó que lo expresado por Jaramillo se refiere a los mecanismos de protección del Estado en casos donde los derechos fundamentales de los menores están en riesgo, y que, en dichos escenarios, puede intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La cartera también recordó que la Circular Externa No. 00000004 del 6 de febrero de 2025 establece claramente el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser vacunados contra la fiebre amarilla como medida para evitar consecuencias graves o letales del virus, especialmente en zonas con riesgo epidemiológico.
Además, el Ministerio hizo un llamado a los padres de familia para que acompañen y respeten las decisiones informadas que los menores adopten sobre su salud, siempre que estas decisiones estén respaldadas por la madurez y la autonomía progresiva del menor, tal como lo reconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
La circular también señala que, en Colombia, los menores tienen capacidad para tomar decisiones relacionadas con su salud en función de su edad y madurez, y que, por tanto, su voluntad debe ser escuchada y respetada en procesos como la vacunación.
Desde el Ministerio se reiteró que esta postura no busca desplazar ni eliminar la patria potestad, sino asegurar el acceso de los menores a servicios de salud fundamentales y proteger su derecho a la vida, especialmente en contextos de emergencia sanitaria.
Finalmente, la entidad advirtió que cualquier obstáculo impuesto por adultos responsables que impida la vacunación de menores será denunciado ante el ICBF y otras autoridades competentes, al considerarse una grave vulneración de sus derechos fundamentales.
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