La Fiscalía General de la Nación imputó al exalcalde Julio Roberto Vargas Malagón y a dos personas más por presuntamente transferir $1.000 millones del erario municipal a una empresa privada sin contrato. Aunque el dinero fue devuelto, la investigación penal continúa.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Cajamarca, Tolima, Julio Roberto Vargas Malagón, por su presunta responsabilidad en una transferencia irregular de $1.000 millones de fondos públicos. Los hechos habrían ocurrido en enero de 2023, cuando los recursos fueron entregados sin que existiera contrato legal alguno con la empresa beneficiaria.
Junto a Vargas Malagón también fue imputado el exsecretario de Hacienda municipal, Luis Alberto Aponte Aponte, por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Asimismo, Ilihn Alexander Cardona Díaz, representante legal de una empresa de tecnología, fue acusado por peculado por apropiación en provecho propio.
De acuerdo con la investigación, dirigida por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, los tres giros se habrían realizado los días 13, 17 y 19 de enero de 2023, y fueron dirigidos desde las cuentas oficiales del municipio hacia la empresa privada, sin que mediara un contrato formal ni autorización documentada.
La Fiscalía sostiene que, pese a que los $1.000 millones fueron devueltos en su totalidad posteriormente, el hecho constituye un presunto uso indebido de recursos públicos y debe ser objeto de juicio penal. Las pruebas recolectadas apuntan a una actuación concertada entre los exfuncionarios y el empresario.
El ente acusador considera que Vargas Malagón y Aponte Aponte actuaron como coautores del delito, al permitir y facilitar la transferencia de los dineros públicos. Por su parte, Cardona Díaz habría intervenido como beneficiario directo de la operación, obteniendo el dinero sin cumplir ningún requisito contractual.
Este caso pone nuevamente bajo la lupa la gestión de recursos públicos en municipios del país, especialmente en zonas rurales como Cajamarca, donde el control fiscal suele ser limitado. Organizaciones ciudadanas han solicitado mayor vigilancia sobre las decisiones presupuestales tomadas por los mandatarios locales.
La audiencia preparatoria del juicio fue programada para el próximo 24 de octubre de 2025, ante un juez de conocimiento. La Fiscalía ha anunciado que insistirá en demostrar la responsabilidad penal de los implicados, a pesar de la devolución del dinero involucrado.
Este proceso judicial podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción administrativa en municipios intermedios del país, donde casos como este rara vez llegan a etapas de imputación formal. La comunidad espera que el proceso se lleve con total transparencia.
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