La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exmandatario Carlos Fernando Bonilla Lugo por presunto desacato a una sentencia que ordenaba la creación de un centro de atención para animales callejeros.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de San Luis, Tolima, Carlos Fernando Bonilla Lugo (2016-2019) por presunto incumplimiento de una sentencia judicial que le ordenaba garantizar la protección de los animales en condición de calle a través de un centro de atención municipal.
Según el Ministerio Público, el entonces alcalde habría desacatado la orden judicial que le exigía poner en funcionamiento, de manera permanente, un coso municipal para el rescate y rehabilitación de animales abandonados y maltratados. Además, se le cuestiona la falta de estrategias para fomentar la tenencia responsable de mascotas y la protección de los animales de trabajo en el municipio.
Las investigaciones indican que la presunta omisión de Bonilla Lugo agravó la problemática de los animales en situación de calle, al no implementar acciones de recolección ni de control sobre el crecimiento de esta población. Esta falta de gestión habría aumentado el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas en la comunidad.
Para la Procuraduría, la presunta omisión del exmandatario representa una falta grave a título de culpa grave, ya que, en su calidad de máxima autoridad municipal, no habría garantizado el cumplimiento de la sentencia que protegía los derechos colectivos de la comunidad y el bienestar animal.
El caso será evaluado en la fase de juzgamiento, donde Bonilla Lugo podrá presentar descargos y pruebas en su defensa. El expediente ha sido remitido al despacho correspondiente para continuar con el proceso disciplinario.
Este caso pone en evidencia la necesidad de que las administraciones locales cumplan con las obligaciones legales en materia de protección y bienestar animal, un tema que ha tomado mayor relevancia en la agenda pública y ambiental.
El incumplimiento de esta sentencia podría generar sanciones disciplinarias para el exmandatario, además de sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la garantía de los derechos animales.
La comunidad de San Luis y activistas animalistas han expresado su preocupación por la falta de políticas municipales para el cuidado de los animales en condición de abandono, y esperan que este proceso impulse medidas más efectivas para atender esta problemática.
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