El reciente terremoto reabrió la discusión sobre la preparación de Ibagué frente a un evento de gran magnitud. Aunque existen estudios y herramientas de microzonificación sísmica desde hace casi dos décadas, persisten interrogantes sobre la incorporación de nuevos resultados científicos a las normas de construcción y planeación urbana.
El reciente movimiento sísmico volvió a poner la mirada sobre una amenaza que no desaparece cuando termina el temblor: la Falla de Ibagué. Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales en la capital del Tolima, el evento reactivó las preguntas sobre la preparación de la ciudad. La preocupación no se limita a determinar qué tan fuerte fue el último terremoto. El verdadero debate apunta a establecer qué se ha hecho con la información científica disponible. En particular, se cuestiona si ese conocimiento ha terminado convertido en decisiones de planeación. La discusión involucra directamente a las autoridades municipales y al sector de la construcción.
Los antecedentes muestran que Ibagué no parte de cero en materia de conocimiento sobre amenaza sísmica. Desde 2007 el municipio cuenta con instrumentos relacionados con la microzonificación sísmica. Posteriormente se adoptaron disposiciones adicionales para establecer parámetros de diseño según las características del terreno. Estos instrumentos reconocen que los suelos no reaccionan de la misma manera ante un terremoto. Por ello, las condiciones geológicas de cada sector deben ser consideradas al momento de planificar y construir. El desafío actual consiste en determinar si esas herramientas continúan respondiendo al conocimiento científico disponible.
La discusión tomó mayor fuerza con los estudios realizados sobre la Falla de Ibagué y la actualización de la información técnica contratada en 2019. El trabajo fue desarrollado por la Universidad de los Andes y sus resultados fueron entregados en 2020, durante la administración municipal de Andrés Fabián Hurtado. La investigación incorporó información geológica y paleosismológica para analizar el comportamiento de esta estructura. Sus conclusiones plantearon diferencias importantes frente a estimaciones utilizadas anteriormente. Desde entonces, una de las principales preguntas ha sido por qué esos resultados no terminaron convirtiéndose en una actualización normativa plenamente adoptada.
Uno de los elementos que genera mayor preocupación está relacionado con la capacidad sísmica atribuida a la Falla de Ibagué. Mientras el mapa de amenaza sísmica utilizado como referencia en 1998 ubicaba a la ciudad en una zona de amenaza intermedia, investigaciones posteriores plantearon escenarios considerablemente diferentes. El estudio paleosismológico estimó para la falla un sismo característico cercano a magnitud 7,0, con un margen de variación de 0,1. También identificó tasas de desplazamiento de entre 0,77 y 3,8 milímetros por año. Estos resultados tienen implicaciones relevantes para la evaluación de la amenaza regional.
El abogado Wilson Leal Echeverry ha cuestionado durante años la respuesta institucional frente a esta problemática. Su posición apunta a que la existencia de estudios científicos no resulta suficiente si sus conclusiones permanecen archivadas. Para Leal, la información debe transformarse en normas, controles, licencias, infraestructura y decisiones concretas de gestión del riesgo. El planteamiento cobra relevancia porque una investigación técnica puede advertir sobre escenarios futuros, pero no reduce por sí misma la vulnerabilidad de una ciudad. La prevención comienza cuando sus conclusiones son incorporadas efectivamente en la planificación territorial.
Otro interrogante está relacionado con el proceso administrativo que siguió al estudio de la Universidad de los Andes. El secretario encargado de Ambiente y Gestión del Riesgo, Humberto Leal, sostuvo que la actual administración no habría recibido el documento durante el proceso de empalme. Según explicó, la Administración Municipal actualmente estaría revisando el estudio antes de remitirlo a la Secretaría de Planeación. Esta versión abre una nueva discusión sobre la continuidad institucional entre gobiernos. También plantea interrogantes sobre cómo un documento de relevancia para la seguridad urbana pudo permanecer sin una ruta clara de adopción durante varios años.
Mientras continúa esa discusión, las nuevas construcciones siguen sometidas a las normas que actualmente se encuentran vigentes. El presidente de la Sociedad Tolimense de Ingenieros, Fernando Sánchez, ha señalado que, en términos generales, los constructores deben cumplir con la normativa existente. Sin embargo, también ha llamado la atención sobre la importancia del control urbano y de verificar que las obras cumplan efectivamente las condiciones técnicas exigidas. De allí surgen preguntas sobre quién vigila las construcciones, quién verifica los diseños y quién actualiza las reglas. La responsabilidad, por tanto, no puede concentrarse exclusivamente en los constructores.
La eventual adopción de parámetros sísmicos más exigentes también tendría consecuencias económicas para la ciudad. El propio secretario Humberto Leal reconoció que, dependiendo de las conclusiones técnicas y de las decisiones que se adopten, podrían aumentar los costos de construcción. Fernando Sánchez coincidió en que mayores exigencias de resistencia sísmica representarían inversiones adicionales. Sin embargo, el debate plantea una disyuntiva entre el costo económico de construir bajo estándares más rigurosos y el costo humano que podría representar no hacerlo. En materia de gestión del riesgo, la protección de la vida debería ocupar el primer lugar.
La situación también pone en discusión la continuidad de las políticas públicas entre las diferentes administraciones municipales. Si el estudio fue contratado en 2019 y entregado en 2020, han transcurrido varios años sin que exista claridad pública sobre su incorporación definitiva a las normas urbanísticas. La pregunta que queda planteada es por qué una investigación de esta importancia no tuvo continuidad suficiente entre los gobiernos de Guillermo Alfonso Jaramillo, Andrés Fabián Hurtado y la actual administración de Johana Aranda. La transferencia de información durante los procesos de empalme aparece como un elemento fundamental. Un estudio relacionado con la seguridad de miles de habitantes no debería depender de los cambios de administración.
El reciente terremoto constituye, finalmente, una oportunidad para que Ibagué revise de manera integral su preparación frente a la amenaza sísmica. La Falla de Ibagué continuará existiendo y los estudios científicos seguirán produciendo información sobre el territorio. Lo que sí puede cambiar es la capacidad institucional para anticiparse y reducir la vulnerabilidad. La discusión ahora debería centrarse en conocer el estado real del estudio de 2020 y establecer si sus conclusiones requieren modificar las normas vigentes. También será necesario fortalecer el control sobre las nuevas edificaciones y la infraestructura esencial. La pregunta de fondo ya no es si Ibagué conoce su riesgo, sino qué está haciendo para enfrentarlo.
