Una investigación de La Nueva Prensa reveló ante la opinión pública la disputa por una herencia valorada en más de $100 mil millones ha desatado un nuevo escándalo en la familia Charry Parra, de Ibagué. Dos ancianas enfermas, María Inés y Magdalena Charry Martínez, fueron desalojadas de su vivienda por sus propios parientes, quienes buscan excluirlas de los derechos sucesorales que les corresponden.
María Inés, quien enfrenta cáncer, Alzheimer y problemas pulmonares severos, y Magdalena, con enfermedad renal crónica que requiere transfusiones sanguíneas, han denunciado que su cuñada, Gladys Parra de Charry, lidera el intento de despojo. La Fiscalía ya la ha acusado por ocho delitos en concurso dentro del denominado “Caso familia Charry”.
La herencia en disputa incluye tierras productivas en el Tolima y el Magdalena Medio, cerca de 20 mil cabezas de ganado, bienes raíces en diferentes regiones del país, fondos bancarios y dinero en efectivo que, según la Fiscalía, ha desaparecido. Estas propiedades provienen del patrimonio dejado por el hacendado Julio Charry Vera.
Gladys Parra de Charry ya había sido señalada en 2023, cuando un video mostró a sus hijos Gustavo Adolfo y Diego Fernando insultando y agrediendo a empleados de sus empresas. Este episodio provocó la intervención del gobierno nacional, que ordenó el cierre temporal y multó a sus compañías con más de $3 mil millones.
En Ibagué, la Fiscalía ha reabierto 40 procesos penales relacionados con la familia Charry Parra, algunos archivados por presuntas irregularidades que ahora son objeto de investigación. Además, otros 30 casos permanecen engavetados, mientras diez fiscales del Tolima enfrentan cuestionamientos por presunta omisión en sus funciones.
La viuda Gladys Parra será llamada a audiencia de acusación el próximo 13 de enero. Según la Fiscalía, ha dilatado el proceso al negarse a nombrar un abogado defensor, por lo que se le asignará un apoderado de oficio. Mientras tanto, se investiga el rol del juez Primero de Familia de Ibagué por posible prevaricato en la sucesión de los bienes de Adolfo Charry Martínez.
Los implicados en este caso han evitado pronunciarse, a pesar de múltiples invitaciones de medios para presentar su versión de los hechos. La situación ha generado indignación pública, no solo por el trato hacia las ancianas, sino por el historial de violencia y presunta corrupción que envuelve a la familia.
La Fiscalía ha advertido que, de comprobarse las acusaciones, el caso podría sentar un precedente para garantizar la justicia en procesos sucesorales y para reforzar el control sobre las actuaciones de los funcionarios judiciales. El caso sigue bajo la instrucción de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Tolima.
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