La investigación se relaciona con contratos superiores a $21.550 millones para construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas. El ente acusador señala posibles irregularidades contractuales y un presunto detrimento patrimonial de $499 millones.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz Briñez; al exmandatario Miller Aldana Castro y al contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un proyecto de saneamiento básico financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), cuyas obras permanecen inconclusas.
Según el ente investigador, el proyecto contemplaba la construcción de 1.170 unidades sanitarias distribuidas en 47 veredas del municipio, mediante contratos de obra y sus respectivas interventorías suscritos entre junio y agosto de 2022. La contratación superó los $21.550 millones y buscaba mejorar las condiciones de saneamiento de las comunidades rurales beneficiadas.
Los recursos fueron aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Sistema General de Regalías, teniendo en cuenta que Ataco hace parte de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, cuatro años después del inicio del proceso contractual, las obras continúan sin terminar, situación que motivó las actuaciones judiciales.
Dentro de las presuntas irregularidades, la Fiscalía señaló que Aldana Castro habría modificado las condiciones y los plazos del proceso de selección para favorecer al contratista Fajardo Gutiérrez, cuya empresa, según la investigación, presuntamente no cumplía con los requisitos exigidos. También se indaga por una posible intervención del contratista en la asignación de las interventorías.
El expediente incluye, además, presuntas autorizaciones de pagos por actividades que no se habrían ejecutado, situación que, de acuerdo con la Fiscalía, habría generado un posible detrimento patrimonial cercano a los $499 millones. Estas circunstancias forman parte de las hipótesis investigativas que deberán ser examinadas dentro del proceso judicial para establecer las responsabilidades correspondientes.
En cuanto a los cargos formulados, a Muñoz Briñez le fue imputado el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado; a Aldana Castro, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y a Fajardo Gutiérrez, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. La imputación de estos delitos no equivale a una declaración de culpabilidad.
Por decisión de un juez de control de garantías, los tres procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en sus respectivos lugares de residencia. No obstante, la Fiscalía apeló la determinación judicial, por lo que la medida será objeto de revisión conforme a los procedimientos establecidos en la ley.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la ejecución de los recursos públicos destinados a mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales del Tolima. Mientras avanza el proceso, será necesario esclarecer qué ocurrió con los recursos contratados, por qué las obras siguen inconclusas y si existieron responsabilidades penales en las presuntas irregularidades denunciadas por el ente acusador.
