El representante Andrés Forero radicó ante la Fiscalía penal una denuncia contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, argumentando que, al presentar la nueva consulta popular en el Senado, ejerció funciones privativas del Presidente sin facultad legal.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, interpuso el 20 de mayo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el presunto delito de abuso de función pública.
Forero sostiene que Jaramillo incurrió en “un ejercicio de competencias que no le corresponden” al radicar en el Senado la nueva consulta popular con 13 preguntas, incluida una sobre la reforma a la salud. En la denuncia, el congresista aduce que los decretos de delegación presidencial (506 y 528 de 2025) no facultan al jefe de la cartera sanitaria para presentar ese mecanismo.
El artículo 121 de la Constitución Política es el pilar de la acusación, pues establece que “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. Forero subraya que el artículo 104 constitucional, único que habilita la convocatoria de consultas populares, no aparece en los decretos firmados por el Presidente.
De acuerdo con el Código Penal, artículo 428, el abuso de función pública es sancionado con prisión de 16 a 36 meses e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por 80 meses, sanciones que Forero pretende que se apliquen si se comprueba la responsabilidad del ministro.
La denuncia incluye como pruebas copia de los decretos 506 y 528, la solicitud de concepto del Senado sobre la convocatoria y documentación interna sobre la delegación de funciones, así como jurisprudencia de la Corte Suprema sobre abuso de función pública.
En su denuncia, Forero califica la acción de Jaramillo como “muestra de improvisación y chambonería administrativa”, y advierte que sentar este precedente podría debilitar el principio de separación de funciones y la seguridad jurídica en Colombia.
La polémica se extiende también al fondo de la consulta popular. Varios congresistas han cuestionado la posibilidad de incluir preguntas ya debatidas y rechazadas en periodos anteriores, argumento que ya había generado un debate en la Comisión Quinta del Senado.
El ministro Jaramillo, delegado con funciones presidenciales desde el pasado 9 de mayo, aún no se ha referido públicamente a la denuncia. Su cartera se limitó a confirmar la recepción del pliego de cargos y aseguró que colaborará con las autoridades.
La Fiscalía abrió el respectivo proceso de verificación y deberá decidir si admite la denuncia y fija audiencia de imputación. Mientras tanto, el país observa cómo se resuelve esta controversia legal que involucra a uno de los más altos funcionarios del Ejecutivo.
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