Juan Diego Angarita, exfuncionario del Ministerio de Salud durante el gobierno de Gustavo Petro, cuestionó la suspensión de proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria aprobados para el departamento y pidió explicaciones sobre su continuidad y financiación.
El Tolima enfrenta un nuevo debate por la continuidad de proyectos de salud que representan más de $25.000 millones, luego de que Juan Diego Angarita, exfuncionario del Ministerio de Salud y Protección Social durante el gobierno de Gustavo Petro, denunciara un presunto freno a iniciativas que ya habían avanzado en el departamento. El cuestionamiento se concentra en proyectos de adecuación y dotación de hospitales y puestos de salud que, según la información entregada, fueron viabilizados y contaban con recursos asignados por el Ministerio.
Angarita sostuvo que la situación genera preocupación por el impacto que podría tener sobre comunidades de diferentes municipios del Tolima. De acuerdo con el planteamiento, existen proyectos que ya venían siendo gestionados y que beneficiarían a habitantes de zonas donde la infraestructura sanitaria requiere fortalecimiento. El exfuncionario cuestionó qué ocurrirá con estas obras y pidió al Gobierno de Abelardo De la Espriella explicar a las comunidades cuándo continuarán los procesos que, según su denuncia, actualmente permanecen detenidos.
Durante los primeros siete meses del año, el Ministerio de Salud y Protección Social habría viabilizado proyectos por $25.017.694.136 destinados a adecuaciones y dotaciones en hospitales y puestos de salud de Casabianca, Cunday, Ibagué, Ataco, Coello, Guamo, Icononzo, Melgar y Purificación. Las asignaciones contemplaban intervenciones para fortalecer la capacidad de atención de las instituciones de salud. Sin embargo, según la denuncia, la continuidad de estas iniciativas estaría en revisión por parte de la actual administración nacional.
El cuestionamiento también contrasta las inversiones realizadas durante el último cuatrienio, periodo en el que, según Angarita, el Tolima recibió cerca de $700.000 millones en inversiones relacionadas con el sector salud. Estos recursos habrían sido destinados a infraestructura y dotación hospitalaria, puestos de salud, transporte asistencial, fortalecimiento de servicios, programas sociales, atención a población migrante y los Equipos Básicos de Salud. Para el exfuncionario, estas inversiones representan procesos que no deberían detenerse sin explicaciones técnicas y administrativas.
Entre los proyectos señalados se encuentran intervenciones en instituciones de diferentes municipios, lo que significa que la discusión no se limita a una sola localidad. La preocupación está relacionada con la posibilidad de que las obras pierdan continuidad y con el impacto que esto podría generar en comunidades que esperan mejores condiciones para acceder a servicios médicos. Angarita cuestionó que se hayan congelado proyectos sin que, según su denuncia, se hayan presentado evidencias que permitan establecer fallas en las iniciativas aprobadas para el departamento.
El exfuncionario explicó además que el Ministerio de Salud había garantizado la disponibilidad de los recursos antes de realizar los giros a las Empresas Sociales del Estado, ESE, entidades que posteriormente tienen autonomía para adelantar la contratación de las obras. Bajo este esquema, la discusión se centra ahora en determinar qué decisiones tomó la actual administración frente a los proyectos y cuáles serán las condiciones para garantizar su continuidad, una respuesta que corresponde entregar al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud.
La controversia se suma a otros reclamos relacionados con el presupuesto nacional para el Tolima. Angarita señaló un supuesto recorte cercano a $300.000 millones en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, frente a lo planteado durante el anterior Gobierno, y también cuestionó la espera de recursos para atender a comunidades afectadas por los incendios forestales y la destinación de recursos del denominado Fondo Milagro. A esto agregó la preocupación del sector agrícola por las recientes declaraciones del ministro de Agricultura relacionadas con la producción de arroz, un cultivo fundamental para la economía regional.
El debate queda ahora en manos de las autoridades nacionales, que deberán precisar el estado real de los proyectos, los recursos disponibles y las razones para cualquier modificación, suspensión o continuidad de las iniciativas. Para las comunidades beneficiarias, la discusión va más allá de las diferencias políticas entre gobiernos: se trata de obras destinadas a fortalecer la atención en salud y mejorar la infraestructura pública. Mientras se esperan respuestas oficiales, permanece la pregunta sobre qué pasará con los proyectos aprobados para el Tolima y cuándo podrán ejecutarse.
