Los hallazgos adelantados por la Contraloría se presume un detrimento de 2.212 millones de pesos, distribuidos en tres contratos los cuales dos fueron empleados para entregar los elementos de primera necesidad en los municipios.
Uno de los contratos tiene que ver con la empresa Sierra Pineda S.A.S que según el ente los precios de referencia del DANE tuvieron un costo del valor real de unos 4.002 millones de pesos, sin embargo, la administración departamental pagó 5.154 millones de pesos, es decir, hubo un presunto sobrecosto de 1.151 millones de pesos.
Además, el proceso de la responsabilidad fiscal tiene que ver con el contrato polémico que se suspendió semanas atrás con la empresa León Gráfica S.A.S y que tendría para el erario de departamento un detrimento de 143 millones de pesos.
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El jefe de la entidad Fernando Carrillo señaló que en una revisión a la pauta a los medios de comunicación encontró, “la pauta elaborada y entregada por el departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello”.
Y agrega que las pautas deban más relevancia a la figura del gobernador que a los temas de salud que realmente era lo importante, es decir, la prevención y mitigación de COVID – 19 en el departamento.
De igual forma, a 31 alcaldes de la región la procuraduría General les adelanta procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en el marco de la emergencia sanitaria.
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