La mandataria Adriana Magaly Matiz contrató a una agencia bogotana por $450 millones para recibir formación en vocería institucional y asesoría rápida al equipo de comunicaciones. El contrato genera dudas entre los ciudadanos por su millonario valor y corta duración.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, ha desatado una ola de críticas tras la firma de un contrato por $450 millones con una agencia de comunicaciones de Bogotá. El propósito del acuerdo es brindar clases de expresión oral a la mandataria y asesoría exprés al equipo de comunicaciones de la administración departamental.
El contrato, registrado con el número 1121 el pasado 14 de marzo, establece que la empresa Eloquentet SAS será la encargada de prestar los servicios profesionales de asesoría y formación en vocería institucional. Sin embargo, lo que más ha generado controversia es el valor total y el tiempo de ejecución del mismo.
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De acuerdo con el documento oficial, la agencia cobrará la suma de $450 millones en tan solo dos pagos: uno de $200 millones y otro de $250 millones, lo que ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad del costo en relación con la duración y el alcance de las actividades pactadas.
El contrato especifica que se busca “fortalecer las habilidades comunicacionales” de la Gobernadora y brindar lineamientos estratégicos para el equipo de prensa del Gobierno seccional. No obstante, la contratación no deja claro cuántas sesiones de formación se realizarán, ni los resultados concretos esperados.
Desde distintos sectores políticos y sociales del departamento han surgido voces críticas que cuestionan la idoneidad y procedencia de la agencia contratada. “¿Quién está detrás de esta agencia y cómo llegó a un contrato tan millonario en tan poco tiempo?”, se preguntan ciudadanos en redes sociales.
En medio de una agenda con necesidades urgentes en salud, educación e infraestructura, de acuerdo al fanpage de Facebook, “Ciudadanos por Ibagué”, el gasto de $450 millones en clases de oratoria ha generado indignación. Para algunos, la contratación refleja un uso cuestionable de los recursos públicos, especialmente en un gobierno que ha prometido austeridad.
Aún no se conocen reacciones oficiales de la Gobernadora Matiz ni del equipo de comunicaciones ante la polémica. Mientras tanto, organizaciones civiles y veedurías ciudadanas piden a los entes de control que revisen a fondo el proceso de contratación y su legalidad.
El debate apenas comienza y podría marcar un precedente en la evaluación del gasto público para servicios de imagen y comunicación institucional en el Tolima.
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