La mandataria departamental cuestionó la Resolución 352 de 2024 del Ministerio de Agricultura, argumentando que vulnera la autonomía territorial y no fue socializada con las comunidades afectadas. Aseguró que, de no ser escuchados, emprenderá acciones judiciales para defender los intereses del departamento.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, solicitó la suspensión inmediata de la Resolución 352 de 2024 del Ministerio de Agricultura, la cual establece una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en el corredor agropecuario de la cordillera norte-occidental del departamento. Esta medida afecta directamente a los municipios de Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Herveo y Fresno.
Matiz expresó su rechazo a la resolución durante un encuentro en Ibagué organizado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), donde participaron representantes de gremios agropecuarios y académicos. En su intervención, aseguró que la normativa vulnera la autonomía territorial de las entidades locales y desconoció el derecho de consulta previa de las comunidades étnicas.
Apoyándose en sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la mandataria afirmó que la medida impuesta por el Ministerio de Agricultura limita la capacidad de los municipios para definir el uso del suelo y las estrategias de desarrollo productivo del departamento.
Asimismo, Matiz denunció que la resolución nunca fue socializada con las comunidades y que su rechazo cuenta con el respaldo de los alcaldes de los municipios involucrados. Por ello, exigió al Gobierno Nacional la suspensión del acto administrativo hasta que se realicen espacios de diálogo con actores clave, como alcaldes, concejos municipales, la Asamblea Departamental y los gremios agropecuarios.
Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la falta de alineación de esta medida con el Plan de Desarrollo del Tolima, el cual establece estrategias específicas para fortalecer las economías locales y garantizar la producción sostenible de alimentos.
La gobernadora subrayó que su postura no es una oposición infundada, sino una exigencia de respeto a la autonomía territorial y a los principios del Acuerdo de Escazú, que promueve la participación ciudadana en decisiones ambientales y productivas
Finalmente, Matiz advirtió que, si el Ministerio de Agricultura no atiende sus peticiones, el departamento emprenderá acciones judiciales para garantizar que las decisiones sobre el futuro del norte del Tolima sean tomadas con la participación de todos los actores involucrados.
“Queremos diálogo y concertación, pero si no somos escuchados, acudiremos a las instancias legales necesarias. El Tolima no puede aceptar imposiciones sin ser parte del debate”, concluyó la mandataria.
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