La medida busca reducir en un 50% las 55 mil hectáreas sembradas en la región y garantizar la titulación de tierras a quienes abandonen la actividad ilícita.
El gobierno nacional ha anunciado un subsidio mensual de 1,2 millones de pesos para los campesinos que participen en el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Catatumbo. La iniciativa, presentada por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos, busca reducir en un 50% las 55 mil hectáreas de coca identificadas en la región.
Los municipios priorizados serán Tibú, El Tarra y Sardinata, donde se concentra el 52% de los cultivos de coca de Norte de Santander. En estos territorios, el gobierno ya ha identificado 3 mil hectáreas en proceso de sustitución, pero espera ampliar significativamente el alcance del programa.
Además del subsidio, el plan contempla la titulación de tierras para los campesinos que se comprometan a cambiar el uso de sus predios de manera definitiva. Según el gobierno, esta medida busca ofrecer una alternativa sostenible para las familias que han dependido del cultivo de coca como única fuente de ingresos.
El programa contará con un presupuesto de 362 mil millones de pesos, recursos que se destinarán a la entrega de subsidios, la asistencia técnica y la implementación de proyectos productivos que permitan una transición efectiva hacia economías lícitas.
Esta estrategia hace parte de un paquete de medidas impulsadas por el gobierno para hacer frente a la crisis de orden público en el Catatumbo, donde se han registrado 70 asesinatos y más de 50 mil desplazados en lo corrido del año, según cifras de la Gobernación de Norte de Santander.
Durante el segundo consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro reiteró la importancia de esta iniciativa, calificándola como un paso clave para enfrentar la violencia en la región. Según el mandatario, la sustitución de cultivos debe ir de la mano con la formalización de la propiedad rural y el acceso a proyectos productivos rentables.
A pesar de la ambiciosa meta gubernamental, persisten los desafíos en la implementación del programa, especialmente por la presencia de grupos armados ilegales que controlan el narcotráfico en la región. Sin embargo, el gobierno ha señalado que fortalecerá la seguridad y garantizará el acompañamiento a los campesinos que decidan acogerse a la sustitución voluntaria.
La comunidad y las organizaciones campesinas han recibido la propuesta con expectativas mixtas. Mientras algunos sectores ven en el subsidio una oportunidad para salir del circuito de la ilegalidad, otros advierten que sin una política integral de desarrollo rural, la erradicación de cultivos ilícitos no será sostenible en el tiempo.
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