El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió a los cuestionamientos de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, por la forma en que fueron presentados los cuerpos de los 23 presuntos integrantes de las disidencias muertos durante la Operación Azarías. El funcionario defendió la misión constitucional del Estado, mientras la Defensoría pidió respetar la dignidad humana y los límites del derecho internacional humanitario.
Un nuevo enfrentamiento institucional se produjo entre el Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo tras las declaraciones de la defensora Iris Marín Ortiz, quien cuestionó la manera en que fueron exhibidos públicamente los cuerpos de personas muertas durante la Operación Azarías, desarrollada contra estructuras de las disidencias en el departamento del Guaviare.
La controversia se originó luego de que circularan imágenes del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre cuerpos cubiertos con bolsas blancas, tras el operativo militar que dejó 23 presuntos integrantes de las disidencias muertos. La Defensoría cuestionó la forma de comunicar el resultado de la operación y recordó que, incluso frente a quienes participan en organizaciones armadas, deben mantenerse los principios de dignidad humana y respeto por las normas constitucionales y humanitarias.
Marín aclaró que su pronunciamiento no cuestionaba la legitimidad de las operaciones de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales. Su preocupación se concentró en el tratamiento y exposición de los cuerpos y en el mensaje institucional que transmiten este tipo de imágenes, al considerar que el Estado debe mantener límites incluso en escenarios de confrontación armada.
Ante estos cuestionamientos, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó su respeto por la Defensoría del Pueblo y reconoció su papel como institución encargada de proteger a las víctimas y defender los derechos humanos. Sin embargo, calificó como una “triste equivocación” la interpretación que, según él, equipararía la actuación del Estado con la de las organizaciones criminales, posición que expresó públicamente a través de sus redes sociales.
Lara sostuvo que el Estado tiene un deber constitucional de combatir a los grupos armados que ejercen violencia contra la población y pidió que la Defensoría acompañe esa tarea. En su pronunciamiento hizo referencia a organizaciones señaladas de utilizar drones para atacar, reclutar menores y ejercer violencia contra comunidades, al tiempo que reclamó el respaldo de la entidad para enfrentar estas amenazas.
El jefe de la cartera política también aprovechó la controversia para cuestionar la política de “Paz Total” implementada durante el Gobierno anterior. Lara afirmó que Colombia está poniendo fin a esa estrategia y sostuvo que, desde su perspectiva, dicha política dejó a poblaciones enteras expuestas al control y al “terror” de organizaciones criminales, argumento que hace parte de la posición del actual Gobierno frente a la seguridad nacional.
La discusión no terminó con la respuesta del ministro. La defensora Marín volvió a pronunciarse y pidió al Gobierno revisar la manera en que comunica los resultados de sus operaciones militares, insistiendo en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones. La funcionaria señaló que la Defensoría continuará ejerciendo su función de vigilancia y protección de los derechos, incluso frente a actuaciones de la Fuerza Pública.
El cruce de posiciones reabrió el debate nacional sobre los límites de la comunicación institucional de las operaciones militares, especialmente cuando existen personas fallecidas y posibles afectaciones a derechos fundamentales. Mientras el Gobierno defiende la ofensiva contra las estructuras armadas y reivindica la misión constitucional de la Fuerza Pública, la Defensoría insiste en que la lucha contra la violencia debe desarrollarse dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario, manteniendo la dignidad humana como principio fundamental.
