El representante a la Cámara por el Tolima pidió a la Fiscalía investigar las declaraciones del alcalde de Chaparral sobre presuntos vínculos entre minería criminal, sectores políticos y estructuras económicas. También cuestionó los resultados de los operativos y exigió una acción coordinada para proteger la cuenca del río Saldaña.
El representante a la Cámara por el Tolima, Renzo García, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las denuncias relacionadas con la presunta financiación política proveniente de la minería ilegal en el sur del departamento. El congresista se refirió a declaraciones atribuidas al alcalde de Chaparral sobre posibles vínculos entre actividades mineras y sectores políticos. García pidió determinar quiénes estarían detrás de estas estructuras. La denuncia también involucra posibles intereses económicos y mafias. Los señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
A través de un video difundido en sus redes sociales, García aseguró que las declaraciones del mandatario municipal plantean una situación que requiere investigación inmediata. Según el congresista, existirían exalcaldes y candidatos a corporaciones públicas que presuntamente estarían financiando campañas con recursos provenientes de la minería criminal. El representante advirtió que estas actividades estarían provocando graves daños ambientales. Entre las zonas afectadas señaló especialmente el sur del Tolima. La cuenca del río Saldaña aparece como uno de los principales puntos de preocupación.
El congresista pidió a la Fiscalía establecer si detrás de la minería ilegal existen estructuras políticas, económicas o criminales. García sostuvo que la investigación debe identificar a las personas y organizaciones que eventualmente estarían relacionadas con estas actividades. También planteó la necesidad de determinar si existen carteles o mafias operando en el territorio. Las acusaciones, por su gravedad, requieren ser verificadas mediante investigaciones formales. Hasta el momento, los señalamientos corresponden a denuncias públicas y no constituyen por sí mismos una responsabilidad judicial. Serán las autoridades competentes las encargadas de establecer los hechos.
García también cuestionó la efectividad de los operativos adelantados contra la minería ilegal en el departamento. El representante consideró insuficientes algunos resultados anunciados por las autoridades. Según explicó, la maquinaria incautada tendría un valor que podría representar apenas una fracción de los equipos utilizados en las zonas de explotación. Por ello, pidió revisar la estrategia implementada para enfrentar estas actividades. La magnitud de la maquinaria empleada evidenciaría, según su planteamiento, la dimensión del problema. El congresista reclamó acciones más contundentes.
En particular, García solicitó a la gobernadora del Tolima y a Cortolima fortalecer los operativos contra la minería ilegal. También pidió coordinar las acciones con los alcaldes de los municipios afectados y el Gobierno Nacional. El objetivo, según el representante, debe ser intervenir de manera integral las estructuras que permiten la explotación ilegal de los recursos naturales. La estrategia debería combinar controles ambientales, acciones judiciales y presencia institucional. Para García, la respuesta no puede limitarse únicamente a la incautación de maquinaria. Se requiere identificar y perseguir a quienes financian y organizan estas actividades.
El representante insistió en que la minería criminal está generando impactos sobre los ecosistemas y las fuentes hídricas del departamento. Entre sus principales preocupaciones se encuentra la protección de la cuenca mayor del río Saldaña. Advirtió que la explotación ilegal puede comprometer el agua, el suelo y otros recursos naturales fundamentales para las comunidades. Por ello, pidió que las autoridades ambientales incrementen las labores de control. También reclamó mayor coordinación entre las instituciones. La protección del territorio, afirmó, debe convertirse en una prioridad.
García sostuvo que los resultados de las acciones contra la minería ilegal deben medirse no solamente por la maquinaria incautada. A su juicio, las autoridades deben avanzar hacia la identificación de las redes financieras y de quienes se benefician de la explotación ilegal. Esta perspectiva permitiría atacar las estructuras económicas que sostienen la actividad. El congresista pidió que las investigaciones establezcan responsabilidades individuales y organizacionales. También insistió en que cualquier eventual vínculo con actores políticos debe ser esclarecido. La Fiscalía tendrá que determinar la existencia o no de dichas conexiones.
Finalmente, el representante hizo un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para actuar de manera articulada frente a la problemática. García pidió evitar que continúe el deterioro ambiental en el sur del Tolima y, especialmente, en la cuenca del río Saldaña. La solicitud incluye fortalecer los controles, acelerar las investigaciones y proteger el derecho colectivo a un ambiente sano. Los señalamientos sobre financiación política deberán ser corroborados mediante las autoridades judiciales. Mientras tanto, el debate sobre la minería ilegal vuelve a poner bajo la lupa la protección ambiental del departamento.
