En la madrugada del 5 de abril, tras un reporte de disparos, la Policía decomisó un arma traumática al actual jefe disciplinario de la Alcaldía, Henry Torres Pinilla. El hecho genera polémica ante su posible nombramiento como Secretario de Gobierno.
En Ibagué se desató una nueva controversia que pone en entredicho a funcionarios cercanos a la administración municipal. El abogado Henry Arvey Torres Pinilla, actual jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía, fue sorprendido en la madrugada del 5 de abril con un arma traumática tipo pistola sin el respectivo permiso legal.
La situación quedó registrada en la Resolución No. 214 del 23 de abril de 2025, firmada por el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, Coronel Diego Edixon Mora Muñoz. En el documento se ordena el decomiso definitivo del arma, una pistola marca EKOL Firat Compact, con cartucho, vainilla y proveedor calibre 9mm, tras encontrarse en poder de Torres Pinilla sin autorización.
La incautación se produjo luego de una alerta ciudadana por presuntos disparos realizados desde un vehículo Ford color negro en el barrio Ricaurte. A las 1:45 a.m., unidades del CAI Trinidad interceptaron el automóvil donde se desplazaba Torres, hallando el arma traumática en su poder, según el informe oficial.
Aunque no se confirma que Torres haya disparado el arma, la coincidencia del reporte, la hora y la posesión del arma sin permiso levanta graves dudas sobre su comportamiento. La resolución cita los decretos 2535 de 1993 y 1417 de 2021, que exigen permisos especiales para la tenencia y porte de armas traumáticas, hoy asimiladas a armas de fuego.
Este hecho ha generado un fuerte rechazo ciudadano, especialmente por tratarse de un funcionario que ha sonado como posible nuevo Secretario de Gobierno en la administración de Johana Aranda. El hecho pone en tela de juicio su idoneidad para ocupar un cargo que requiere ejemplaridad y respeto a la legalidad.
Además de las sanciones administrativas, la Policía informó a Torres sobre su derecho a interponer recurso de reposición ante el Comando y apelación ante la Región de Policía No. 2, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación. No obstante, hasta el momento no se conocen declaraciones públicas del implicado.
Indignación ha causado también la aparente normalidad con la que algunos medios continúan promoviendo su posible designación, ignorando la gravedad del hecho. Para muchos ciudadanos, este caso refleja una preocupante permisividad institucional que deslegitima los discursos de autoridad y legalidad.
El decomiso definitivo del arma representa un precedente en la aplicación del control estatal sobre el porte de armas traumáticas, ahora reguladas con rigurosidad. Sin embargo, la discusión de fondo recae sobre la responsabilidad ética de quienes aspiran a dirigir la política de seguridad en Ibagué.
La ciudadanía exige a la alcaldesa Johana Aranda pronunciarse con claridad sobre este episodio, pues resulta inaceptable que quien no respeta las normas que protegen la vida y la convivencia, sea considerado para un cargo que requiere precisamente hacerlas cumplir.
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