Según el más reciente informe del CIFFIT del Departamento Nacional de Planeación, la capital tolimense se ubicó en la posición 27 entre los 47 municipios del departamento, con un desempeño catalogado en rango de riesgo.
El más reciente informe del Consolidador de Información Fiscal y Financiera Territorial (CIFFIT), elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), reveló los resultados del desempeño fiscal de los municipios del Tolima. En este reporte, la ciudad de Ibagué obtuvo el puesto 27 entre los 47 municipios del departamento, un resultado que la deja rezagada frente a otros territorios con menor capacidad administrativa.
El indicador de desempeño fiscal evalúa la gestión de los gobiernos locales a partir de variables como ingresos propios, endeudamiento, ejecución presupuestal, inversión pública y sostenibilidad financiera. Con un puntaje de 52,42, la capital tolimense fue clasificada en el rango de “riesgo” (entre 40 y 60 puntos), lo que refleja deficiencias en la administración de sus recursos.
El ranking lo lidera Melgar, con 66,97 puntos, seguido por El Espinal (64,95) y Purificación (64,49), municipios que se destacan por una gestión financiera más eficiente. En contraste, Villarrica ocupa el último lugar del departamento, con un preocupante puntaje de 38,43 que la ubica en el rango de deterioro fiscal.
El desempeño de Ibagué resulta especialmente llamativo si se considera que, al ser la capital del Tolima, concentra el mayor presupuesto y cuenta con una estructura administrativa más robusta que el resto de los municipios. Sin embargo, los resultados muestran que no ha logrado traducir esas ventajas en eficiencia financiera ni en un mejor manejo de sus cuentas públicas.
De acuerdo con el informe, la calificación obtenida por Ibagué se deriva de un comportamiento irregular en la generación de recursos propios y de un uso de la deuda pública que requiere mayor control. Aunque en la dimensión de gestión financiera alcanzó 20,20 puntos, su resultado global refleja debilidades en materia de planeación y sostenibilidad.
El alcalde Wilson Gutiérrez Montaña de El Espinal, que ocupó el segundo puesto, destacó que la disciplina fiscal y la priorización del gasto han sido claves para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, un contraste evidente frente a la situación de la capital tolimense. Esto genera presión política y social sobre la administración local de Ibagué, que deberá responder por los resultados obtenidos.
Expertos señalan que la ubicación de Ibagué en el puesto 27 no solo afecta su reputación administrativa, sino también su capacidad de atraer inversión externa y de acceder a recursos adicionales del nivel nacional. Una calificación en rango de riesgo puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de proyectos estratégicos en la ciudad.
El informe del DNP plantea un reto para la alcaldesa de Ibagué, quien deberá adoptar medidas urgentes para fortalecer el recaudo, optimizar la inversión y mejorar los niveles de confianza en la gestión fiscal. De lo contrario, la capital seguirá perdiendo terreno frente a municipios que, con menos recursos, han demostrado una mayor eficiencia y responsabilidad en el manejo de sus finanzas.
Concejo aprueba millonaria inversión en vías y programas sociales para Ibagué
En la clausura de las sesiones extraordinarias del Concejo de Ibagué, los cabildantes aprobaron por mayoría tres proyectos de acuerdo que transformarán la vida de miles de ciudadanos. La iniciativa más destacada contempla un empréstito de $40 mil millones que se invertirá en obras de pavimentación y modernización del corredor vial que conecta la calle 103 con la 171, además de la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en sectores clave del norte de la capital tolimense.
El concejal Camilo Acevedo aseguró que estas decisiones priorizan a la población más vulnerable, pues con las vigencias futuras también se avanzará en programas sociales y en la cesión gratuita de bienes fiscales para garantizar el derecho a la vivienda digna. “Son proyectos con un profundo sentido social que impactarán directamente a las comunidades que más lo necesitan”, afirmó el cabildante.
La concejal Silvia Cristina Ortiz explicó que el empréstito no compromete nuevas cargas de endeudamiento, pues los recursos provienen de rubros previamente aprobados para el puente de la 60, hoy en litigio. “Este empréstito es un reemplazo a esa capacidad de endeudamiento. Es una forma de aprovechar recursos que no podían usarse en otro fin y que ahora se materializan en obras necesarias para la ciudad”, detalló.
Víctor Ortiz, otro de los concejales que respaldó la iniciativa, destacó el potencial económico y turístico de esta inversión. Subrayó que El Salado, un barrio tradicionalmente reconocido por su oferta cultural y gastronómica, tendrá un corredor vial en óptimas condiciones que conectará con corregimientos como San Juan de la China y San Bernardo, generando oportunidades de empleo y mejorando la movilidad regional.
El segundo acuerdo aprobado contempla recursos de vigencias futuras por $29.600 millones para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Con esta inyección económica, la Administración Municipal garantiza 120 días de cobertura para cerca del 60% de los estudiantes de instituciones oficiales, equivalentes a 38 mil niños y niñas de la ciudad. Se trata de una de las mayores inversiones en el PAE en la historia reciente de Ibagué.
El concejal William Rosas celebró esta decisión asegurando que se trata de “un cambio rotundo que asegura la continuidad del PAE en 2026, evitando interrupciones que históricamente han afectado a los estudiantes más vulnerables”. También resaltó que garantizar la alimentación escolar es un factor clave para mejorar el rendimiento académico y prevenir la deserción.
Además, este acuerdo incluye recursos para ampliar la cobertura del programa ‘Ibagué Conectada’, que llevará internet gratuito a más de 100 puntos estratégicos de la zona urbana y rural. La inversión este año será de $700 millones y en 2026 ascenderá a $390 millones, lo que permitirá cerrar brechas digitales y facilitar el acceso a la información en comunidades que hoy enfrentan limitaciones tecnológicas.
La atención a la zona rural también fue incluida en este paquete de inversiones. Se destinarán recursos al mantenimiento de vías veredales y a la atención de emergencias viales en corregimientos y veredas, lo que facilitará el transporte de productos agrícolas hacia los centros de abasto urbanos. Esta medida representa un alivio para los campesinos que a diario enfrentan dificultades para movilizar sus cosechas.
Un tercer acuerdo, identificado como el 028, renueva por un año más las facultades de la alcaldesa Johana Aranda para ceder predios fiscales y avanzar en procesos de legalización de viviendas. En 2025 se beneficiarán 150 familias, y para el periodo 2024-2027 la meta es alcanzar los 400 títulos formalizados. Según la concejal Aura Galeano, esta medida abre la posibilidad de que más hogares accedan a subsidios y créditos para mejorar sus condiciones de vida.
Finalmente, la alcaldesa Johana Aranda agradeció al Concejo Municipal por la aprobación de estas iniciativas que, según dijo, “representan un compromiso real con la transformación de Ibagué”. Resaltó que la combinación de obras viales, programas sociales, conectividad y legalización de predios fortalece la equidad y la inclusión, consolidando un modelo de gestión que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes más vulnerables de la ciudad.
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