El senador Kevin Gómez pidió a la Fiscalía investigar si existe alguna relación entre las zonas afectadas por los incendios y predios con solicitudes de títulos mineros, APPAS y Zonas de Reserva Campesina. También solicitó a la ANM suspender cualquier trámite sobre terrenos afectados por el fuego.
Una nueva controversia se abrió alrededor de la emergencia ambiental que enfrenta el Tolima luego de que el senador del Pacto Histórico, Kevin Gómez Paz, denunciara una posible coincidencia entre algunos focos de incendios forestales y predios que tendrían solicitudes de títulos mineros, Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y Zonas de Reserva Campesina. El parlamentario pidió que estas circunstancias sean verificadas por las autoridades y no presentó la hipótesis como un hecho judicialmente comprobado.
La denuncia plantea la posibilidad de que determinados incendios hayan sido provocados deliberadamente con el propósito de afectar la cobertura vegetal y generar condiciones para modificar posteriormente el uso del suelo. Según Gómez, la coincidencia geográfica debería ser revisada mediante investigaciones técnicas y judiciales para establecer si existe alguna relación entre las conflagraciones y los intereses extractivos que se encuentran en trámite en diferentes zonas del departamento.
El señalamiento adquiere relevancia en medio de una emergencia de grandes dimensiones. Cortolima reportó el 26 de agosto más de 31.000 hectáreas de cobertura vegetal afectadas por incendios en el Tolima, con Ortega, Armero-Guayabal y San Luis entre los municipios con mayores áreas impactadas; Chaparral registraba entonces 1.579 hectáreas afectadas.
Un análisis publicado por el Centro de Investigación y Educación Popular también identificó una coincidencia espacial entre focos de calor y zonas donde existen títulos y, especialmente, solicitudes mineras. El estudio señaló la existencia de cientos de solicitudes y advirtió que la coincidencia geográfica requiere análisis, aunque por sí misma no demuestra que las actividades mineras sean responsables de los incendios.
Gómez solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar investigaciones penales que permitan determinar el origen de los incendios y establecer eventuales responsabilidades. De igual manera, pidió a la Agencia Nacional de Minería (ANM) congelar los procesos o trámites relacionados con las áreas que hayan sido afectadas por el fuego, como medida preventiva frente a la posibilidad de que una eventual destrucción ambiental sea utilizada posteriormente para favorecer intereses sobre el territorio.
La discusión ocurre mientras las autoridades ambientales mantienen la alerta por las condiciones que favorecen la propagación de las llamas. El Ideam continúa actualizando diariamente sus boletines de amenaza por incendios de cobertura vegetal, mientras Cortolima ha advertido sobre el impacto del fenómeno de El Niño y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para responder a nuevas emergencias.
El contexto ambiental también incluye acciones contra actividades que ya han sido identificadas como ilegales. El pasado 5 de septiembre, Cortolima y la Fuerza Pública reportaron la intervención de tres frentes de minería ilícita en la ronda hídrica del río Saldaña, en Coyaima, donde fueron constatadas afectaciones relacionadas con captación ilegal de agua, tala, remoción de cobertura vegetal y alteración del terreno.
Por ahora, no existe una conclusión oficial que establezca que los incendios hayan sido provocados para favorecer solicitudes mineras, por lo que la hipótesis planteada por el senador deberá ser sometida a verificación por las autoridades competentes. La solicitud de Gómez busca que el fuego no termine convirtiéndose en un mecanismo para alterar las condiciones ambientales y territoriales del Tolima y que cualquier eventual responsabilidad penal sea establecida a partir de pruebas técnicas y judiciales.
