La Procuraduría General de la Nación ha anunciado la apertura de una investigación disciplinaria contra varios oficiales del Ejército Nacional de Colombia por presuntas irregularidades durante un operativo en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo de 2022. Según informes, durante la operación militar se produjo la muerte de 11 civiles y resultaron heridas otras cinco personas.
La investigación incluye al brigadier general Walther Adrián Giraldo Jiménez y a otros oficiales de alto rango, como el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero y el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, entre otros. Según la Procuraduría, existen sospechas de que se realizaron disparos indiscriminados durante la operación y de que se manipuló la escena posteriormente.
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La apertura de esta investigación disciplinaria busca determinar la responsabilidad de los oficiales implicados en el operativo y esclarecer los hechos ocurridos durante el mismo. La Procuraduría ha ordenado la recolección de pruebas documentales y testimoniales para llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial.
El objetivo principal de esta investigación es garantizar que se respeten los derechos humanos y se cumplan los protocolos establecidos durante las operaciones militares. La Procuraduría busca mantener la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden público en el país.
La apertura de esta investigación disciplinaria pone de relieve la importancia de supervisar y controlar las acciones de las fuerzas de seguridad para evitar abusos y asegurar que se actúe dentro del marco de la ley. La sociedad espera una investigación rigurosa, transparente y justa, que permita establecer las responsabilidades correspondientes y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
Finalmente, es fundamental que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva y sin interferencias para esclarecer los hechos ocurridos durante el operativo y, en caso de comprobarse irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes. La sociedad espera que se haga justicia y se tomen las medidas necesarias para prevenir este tipo de situaciones en el futuro.