Las autoridades investigan la autenticidad de un panfleto en el que varios funcionarios del Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña, en Ibagué, son declarados como «objetivo militar». La Fiscalía y el Inpec adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer el origen del documento y verificar los señalamientos que contiene.
Las autoridades judiciales y penitenciarias adelantan una investigación tras la aparición de un panfleto amenazante dirigido contra funcionarios del Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña, en Ibagué. El documento, fechado el 30 de julio de 2026, generó preocupación entre el personal del establecimiento al contener intimidaciones directas y denuncias sobre presuntas irregularidades al interior del centro de reclusión, cuya veracidad aún no ha sido establecida por las autoridades competentes.
El escrito aparece firmado por un grupo que se identifica como MAGO y menciona de manera explícita a la directora del establecimiento, Mónica Pórtela, así como a las funcionarias Adriana Santos, Lina Ortegón y Leidy Acosta. Además de las amenazas, el documento formula una serie de acusaciones relacionadas con supuestos hechos de corrupción, traslados irregulares de personas privadas de la libertad y el presunto control de algunos patios del centro penitenciario.
No obstante, las autoridades reiteraron que ninguno de estos señalamientos ha sido confirmado oficialmente. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Inpec iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer si las afirmaciones contenidas en el panfleto tienen algún sustento o si hacen parte de una estrategia de intimidación contra los servidores públicos encargados de la custodia y administración del establecimiento.
Dentro del contenido del documento también se hace referencia a un interno conocido con el alias de «Mateo», a quien los autores vinculan con un supuesto control de algunos patios del penal. Igualmente, se menciona un presunto procedimiento realizado en el patio 31 relacionado con el traslado de personas privadas de la libertad, hechos que igualmente serán objeto de verificación durante el proceso investigativo.
El aspecto que mayor preocupación ha generado es la amenaza directa contra varios integrantes del Inpec, quienes son declarados como «objetivo militar». En el escrito se advierte sobre posibles acciones violentas, situación que obligó a activar los protocolos institucionales y reforzar las medidas preventivas mientras se determina el nivel real de riesgo para el personal penitenciario.
El vocero del Inpec en el Tolima, Alejandro Durán, confirmó que la dirección del establecimiento presentará la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que esta entidad adelante las investigaciones correspondientes. El propósito será determinar la autenticidad del documento, identificar a sus responsables y establecer si existe una amenaza concreta contra los funcionarios mencionados.
De igual manera, el Instituto Nacional Penitenciario anunció la apertura de una investigación interna para revisar cada uno de los señalamientos consignados en el panfleto. Paralelamente, se evalúan medidas adicionales de seguridad, especialmente durante los horarios de ingreso y salida del personal, considerados los momentos de mayor vulnerabilidad para los servidores del complejo carcelario.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación y reiteraron que cualquier conclusión deberá surgir de las indagaciones oficiales. El caso ha encendido las alertas dentro del sistema penitenciario, no solo por las amenazas dirigidas contra los funcionarios, sino también por el posible impacto que estos hechos podrían tener sobre la seguridad de los más de 600 servidores que laboran en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña.
