El Juzgado 17 Penal Municipal de Ibagué sancionó a Andrés Felipe Bedoya con tres días de arresto domiciliario y una multa tras incumplir un fallo que ordenaba el traslado urgente de un docente con trastornos de salud mental.
El secretario de Educación del Tolima, Andrés Felipe Bedoya, fue sancionado por el Juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué con tres días de arresto domiciliario debido al desacato de una sentencia de tutela. La sanción también incluye una multa equivalente a un día de su salario vigente.
La tutela había sido interpuesta el 8 de mayo por un docente de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Chaparral, quien padece trastorno mixto de ansiedad y depresión. El fallo ordenaba su traslado a una zona con mejor acceso a atención médica y a su familia.
El docente había solicitado el traslado desde el 9 de febrero, y el 25 de marzo recibió el concepto favorable del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin que la Secretaría cumpliera con la orden judicial en los dos meses posteriores.
La respuesta oficial de la Secretaría de Educación arguye que no se encontró una vacante acorde con los requisitos exigidos y que el docente pertenece a la convocatoria especial de 2018 para zonas PDET, que impone una permanencia mínima de diez años en las áreas rurales.
Para el juez, sin embargo, la salud del profesor es prioritaria, y el incumplimiento vulnera sus derechos fundamentales a la salud, la vida, integridad personal y debido proceso. Por ello, el traslado se consideró indispensable, especialmente por la gravedad de su diagnóstico.
La sanción impuesta es inédita en el departamento, aunque recuerda anteriores casos de desacato contra la gobernadora Adriana Magali Matiz y el mismo secretario Bedoya, por otras sentencias de tutela relacionadas con docentes y salud familiar.
Bedoya ha señalado que la Secretaría adoptó medidas parciales antes del fallo, incluyendo el traslado a la sede Risalda, más cercana a servicios de salud; sin embargo, el juez consideró que esto no cumplía con la orden expresa.
El secretario deberá cumplir los tres días de arresto domiciliario y pagar la multa correspondiente, y la Gobernación ha anunciado que acatará el fallo. El caso, ahora en manos del Consejo Superior de la Judicatura, podría servir de precedente para futuras acciones en defensa de derechos laborales en el sector educativo.
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