El Juzgado Primero Civil Municipal de Honda sancionó con arresto y multas a los mandatarios de Honda y La Dorada por incumplir las órdenes de una acción de tutela interpuesta por Angie Paola Riaño Cortés. La decisión busca garantizar el respeto al debido proceso y la protección de derechos fundamentales.
El Juzgado Primero Civil Municipal de Honda, Tolima, ordenó el arresto de los alcaldes de Honda, Juan Enrique Rondón García, y de La Dorada, Jhon Freddy Saldaña Leopardo, tras concluir que ambos funcionarios incurrieron en desacato a una acción de tutela que protegía los derechos al debido proceso y a la salud de Angie Paola Riaño Cortés y sus dos hijos menores de edad.
La decisión, emitida el 23 de octubre de 2025 por la jueza Leivy Johanna Muñoz Yate, señala que los mandatarios no cumplieron oportunamente las órdenes impartidas en un auto del 24 de septiembre y en la sentencia del 8 de octubre del mismo año, lo que motivó la apertura del incidente de desacato.
Según el fallo, la Alcaldía de Honda presentó un cumplimiento parcial y extemporáneo de la orden judicial al publicar la información requerida en su portal institucional, mientras que la Alcaldía de La Dorada no atendió el requerimiento ni aportó prueba alguna de cumplimiento, configurando un incumplimiento total y deliberado.
Por tal razón, la jueza impuso a Rondón García una sanción de dos días de arresto y una multa de dos salarios mínimos legales vigentes, mientras que a Saldaña Leopardo se le aplicaron cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos, sanción considerada proporcional a la gravedad de la omisión.
El juzgado aclaró que estas sanciones tienen un carácter correctivo y conminatorio, no punitivo, y buscan garantizar la ejecución efectiva de las decisiones judiciales y la protección de los derechos fundamentales vulnerados.
En el fallo se recordó que el cumplimiento de las órdenes judiciales no es opcional y que su incumplimiento constituye una falta grave contra la administración de justicia, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que faculta a los jueces a imponer arresto y multas por desacato.
Las estaciones de Policía de Honda y La Dorada fueron notificadas para ejecutar las sanciones, y la decisión fue remitida en consulta a los Juzgados Civiles del Circuito de Honda, además de comunicarse a la Procuraduría Provincial, con el fin de garantizar el control disciplinario correspondiente.
El fallo enfatizó que el respeto a las decisiones judiciales es un pilar fundamental del Estado de Derecho y recordó a las autoridades locales su deber de colaboración armónica entre instituciones, tal como lo consagra el artículo 113 de la Constitución Política.
Con esta decisión, el despacho judicial reafirma la necesidad de que los funcionarios públicos actúen con diligencia frente a los fallos de tutela, herramienta esencial para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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