El escándalo que envuelve a la alcaldesa de Ibagué y su esposo, Juan Arturo Gutiérrez, es una muestra cruda del abuso de poder y la manipulación de recursos públicos para controlar y silenciar a la prensa local.
Según investigaciones recientes del Portal elolfato.com, la Alcaldía intentó ejecutar un montaje en contra del director de este portal para deslegitimar su labor periodística, exponiendo la estrategia fallida de manipulación judicial. A esto se suma la revelación de que fondos públicos fueron usados para contratar empresas de monitoreo que perfilaban a medios independientes, y creaban un “sistema de vigilancia” sobre los periodistas críticos, lo que confirma un esfuerzo organizado para intimidar a quienes denuncian irregularidades del gobierno local. Puede leer: Así se cayó el montaje que pretendieron ejecutar desde la Alcaldía de Ibagué (El Olfato)
En uno de los casos más escandalosos, la Alcaldía contrató a una agencia externa para mejorar la imagen del mandatario Andrés Hurtado y difamar a periodistas incómodos, revelando que el dinero destinado a estos contratos provenía de fondos públicos, lo que constituye una grave violación a la ética y al uso transparente de los recursos municipales. El cinismo con el que la administración ha utilizado su poder para moldear la narrativa pública a su favor, criminalizando a los medios que ejercen un periodismo de contrapoder, ha convertido a la Alcaldía en un centro de censura.
El peligro que se cierne sobre la libertad de prensa en Ibagué es evidente y debe alertar no solo a los medios locales sino a toda la sociedad. El periodismo independiente en Tolima se enfrenta a un ataque frontal, en el que la crítica o denuncia es respondida con vigilancia ilegal y campañas de desprestigio financiadas con dinero de los contribuyentes. Esto es un ataque directo a los derechos democráticos.
BEs imperativo que los organismos de control y la justicia actúen con celeridad para investigar y sancionar a los responsables de estos delitos. El periodismo es el pilar de la transparencia y la justicia en una sociedad, y su persecución desde las altas esferas del poder solo augura la instauración de un régimen de opresión y censura en Ibagué. No podemos permitir que se silencie a la prensa; los ciudadanos tienen derecho a una información libre y sin manipulaciones.
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La libertad de prensa está en peligro, y si no se frena este ataque, Ibagué podría convertirse en un ejemplo nefasto de cómo se destruye la democracia a través del acoso sistemático a los medios de comunicación. ¡Es momento de actuar para defenderla!
