El exalcalde de Ibagué fue condenado a nueve años y cinco meses de prisión por su responsabilidad, como coautor, en el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo. Además, deberá pagar una millonaria multa y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.
El exalcalde de Ibagué Luis H. Rodríguez recibió una nueva condena judicial relacionada con las irregularidades que rodearon la contratación de obras destinadas a los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales de 2015. Un juez determinó imponerle una pena de nueve años y cinco meses de prisión. La decisión está relacionada con actuaciones desarrolladas durante su administración. El proceso se concentró en contratos vinculados con las interventorías de diferentes obras deportivas.
De acuerdo con la decisión judicial, Rodríguez fue declarado responsable, en calidad de coautor, del delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo. Durante el proceso, la Fiscalía 22 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública presentó diferentes elementos materiales y probatorios. Con estos elementos buscó demostrar la participación del entonces mandatario en la orientación de contratos relacionados con los escenarios deportivos. El proceso avanzó hasta llegar a la nueva decisión condenatoria.
La investigación de la Fiscalía estuvo relacionada con la manera en que se habrían direccionado algunas contrataciones correspondientes a las interventorías de las obras proyectadas para los Juegos Nacionales de 2015. Según la tesis presentada durante el proceso, el entonces alcalde habría intervenido en actuaciones relacionadas con dichos contratos. La justicia evaluó los elementos incorporados al expediente antes de emitir el fallo. La responsabilidad establecida corresponde a los hechos analizados dentro de este proceso.
Además de la pena de prisión, el exmandatario deberá asumir una multa superior a $437 millones. La decisión también contempla una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante un periodo de 10 años y seis meses. Estas sanciones se suman a las consecuencias jurídicas derivadas de otros procesos adelantados en su contra. La defensa, sin embargo, todavía cuenta con mecanismos para controvertir la decisión ante las instancias correspondientes.
Esta nueva condena se suma a otra sentencia que Rodríguez recibió en diciembre de 2025. En aquella oportunidad fue condenado a ocho años y nueve meses de prisión por delitos relacionados con interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. Se trata de procesos diferentes que han examinado distintas actuaciones de su administración. La situación jurídica del exalcalde deberá ser analizada conforme a las decisiones adoptadas en cada expediente.
Dentro de las investigaciones también aparece un convenio suscrito entre el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Imdri, Coldeportes y la Gobernación del Tolima. El acuerdo estaba relacionado con estudios y diseños para el estadio Manuel Murillo Toro. Según la investigación, la contratación habría terminado en manos de un particular que presuntamente no cumplía con las condiciones exigidas. El contrato involucrado habría superado los $800 millones.
La nueva decisión judicial no significa por sí sola que las diferentes penas deban cumplirse de manera independiente durante la totalidad de sus términos. La permanencia de Rodríguez en prisión deberá determinarse conforme a las reglas de acumulación jurídica de penas y a las decisiones que adopten los jueces competentes. Este análisis deberá tener en cuenta las distintas condenas existentes y las condiciones establecidas dentro de cada proceso. La situación continuará siendo objeto de definición judicial.
La condena conocida ahora todavía puede ser apelada por la defensa del exalcalde, por lo que el proceso no necesariamente ha llegado a su etapa definitiva. Mientras se surten los recursos correspondientes, las autoridades judiciales deberán determinar los efectos concretos de esta nueva sentencia frente a los demás procesos. El caso vuelve a poner bajo la lupa las investigaciones por las presuntas irregularidades en la contratación de los escenarios de los Juegos Nacionales de 2015. El desenlace dependerá de las decisiones que adopten las instancias judiciales competentes.
