La mandataria tolimense cuestiona la consulta popular propuesta por el presidente Petro, mientras calla sobre problemas estructurales en su propio departamento y omite irregularidades del clan político al que pertenece.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ha generado controversia por sus críticas al presidente Gustavo Petro y su iniciativa de convocar una consulta popular, al tiempo que evita pronunciarse sobre la difícil situación que enfrenta su propio departamento. Pese a promover discursos de unidad y paz, sus intervenciones públicas parecen estar marcadas por una fuerte carga política que evidencia una doble moral.
Durante un evento reciente en Bogotá, Matiz cuestionó al Gobierno nacional acusándolo de improvisación, debilitamiento institucional y riesgos de autoritarismo. Sin embargo, expertos jurídicos han recordado que la propuesta de consulta popular presentada por Petro fue archivada irregularmente por el Senado, y que, conforme al artículo 33 de la Ley 134 de 1994, el presidente está facultado para convocarla por decreto ante la omisión del Congreso.
La mandataria, abogada de profesión, ha hecho caso omiso a estos fundamentos legales, alineando su discurso con sectores de oposición como el del senador conservador Óscar Barreto, líder de su clan político. Su posición ha sido interpretada por varios sectores como una jugada de conveniencia para reforzar alianzas con la derecha nacional.
Críticas también apuntan al hecho de que Matiz, mientras exige legalidad y eficacia al nivel central, no ha respondido con claridad sobre las deficiencias estructurales del Tolima. Problemas como el desempleo en Ibagué, que se mantiene entre los más altos del país, siguen sin soluciones concretas desde su administración.
En lugar de presentar propuestas para generar empleo o fortalecer la inversión social, la gobernadora se ha centrado en atacar públicamente al Gobierno nacional. Su discurso en el Teatro Colón, en el marco del Festival Folclórico Colombiano, fue uno de los ejemplos más recientes donde utilizó un espacio cultural para emitir críticas políticas sin propuestas claras.
Asimismo, se le cuestiona su silencio frente a contratos con asesores foráneos en el área de comunicaciones, quienes tendrían sueldos superiores al suyo y poca conexión con la realidad local. Estas decisiones han generado malestar en sectores sociales que exigen mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
Las críticas también se extienden a la falta de acciones frente al abandono estatal en zonas rurales del Tolima, especialmente en municipios PDET, donde la población aún espera inversiones sostenidas para superar las secuelas del conflicto armado. En estos temas, la mandataria ha mostrado poco interés en exigirle al Gobierno nacional, contrastando con su dureza discursiva en otros escenarios.
Para analistas políticos, las posturas de Matiz no solo evidencian un juego político estratégico, sino que ponen en duda su coherencia como dirigente. A su juicio, gobernar implica responder a los problemas locales antes de convertirse en voz opositora a nivel nacional.
En una coyuntura marcada por la desconfianza ciudadana en las instituciones, gobernantes como Adriana Matiz tienen el reto de demostrar que sus acciones están alineadas con los intereses de la población, más allá de los intereses de sus alianzas políticas. La ciudadanía espera hechos, no solo discursos.
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