La empresa propietaria del proyecto La Colosa inició un proceso de conciliación extrajudicial contra la Alcaldía y el Concejo para tumbar la norma que protege 33 predios ambientales, desatando el rechazo de organizaciones sociales.
La empresa Mineros Tolima S.A.S., propietaria del proyecto La Colosa, inició un proceso de conciliación extrajudicial contra la Alcaldía y el Concejo de Cajamarca para intentar anular el acuerdo que declaró 33 predios como áreas de protección ambiental. Organizaciones sociales califican la acción como un intento de desconocer la decisión democrática de los cajamarcunos y ya preparan una defensa jurídica y ciudadana.
La defensa del territorio volvió a convertirse en el centro del debate en Cajamarca, Tolima, luego de que la empresa Mineros Tolima S.A.S. iniciara un proceso de conciliación extrajudicial contra la Alcaldía y el Concejo Municipal, paso previo a una eventual demanda con la que busca dejar sin efectos el Acuerdo Municipal No. 005 de 2026, norma que limita la actividad minera en zonas consideradas estratégicas para la protección del agua y la biodiversidad.
La compañía, que recientemente adquirió de AngloGold Ashanti el 100 % de participación del proyecto aurífero La Colosa, pretende que se declare la nulidad del acuerdo aprobado por el Concejo de Cajamarca. Además, solicita el restablecimiento de sus presuntos derechos económicos y una indemnización por los perjuicios que, según argumenta, le ocasionó la decisión adoptada por la administración municipal.
De acuerdo con la solicitud de conciliación presentada ante la Procuraduría General de la Nación, la empresa sostiene que el Concejo Municipal no tenía competencia para adoptar esa determinación. Igualmente, asegura que fue vulnerado su derecho al debido proceso al no haber sido notificada de manera personal sobre un acto administrativo que, según afirma, afecta directamente sus intereses como propietaria de los terrenos involucrados.
El Acuerdo Municipal No. 005 de 2026 declaró 33 predios como zonas de utilidad pública e interés social para la protección de la diversidad biológica y de las fuentes hídricas del municipio. La medida estableció un régimen de usos del suelo orientado a la conservación ambiental y al fortalecimiento de actividades agropecuarias sostenibles, restringiendo la posibilidad de desarrollar proyectos de explotación minera en esos sectores.
Para Mineros Tolima S.A.S., la decisión adoptada por el Concejo carece de soporte técnico y constituye una actuación arbitraria que impide el desarrollo de su proyecto extractivo. La empresa considera que el acuerdo afecta sus derechos patrimoniales y por ello busca que sea revocado mediante la vía judicial, abriendo un nuevo capítulo en la disputa por el futuro de La Colosa.
La reacción de las organizaciones ambientales y campesinas no se hizo esperar. El Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime expresó su preocupación por la acción judicial y aseguró que esta representa un intento de desconocer las decisiones democráticas adoptadas por el municipio para proteger su patrimonio ambiental y el interés colectivo por encima de los intereses económicos de una empresa privada.
Como parte de la respuesta, el Comité solicitó una reunión urgente con el alcalde Camilo Ernesto Valencia Agudelo con el propósito de coordinar una estrategia conjunta de defensa jurídica, técnica y social. El objetivo es fortalecer la posición institucional del municipio en caso de que la conciliación fracase y el proceso avance hacia la jurisdicción contencioso-administrativa.
El caso revive uno de los episodios más representativos de la defensa ambiental en Colombia. El 26 de marzo de 2017, mediante una consulta popular, los habitantes de Cajamarca rechazaron de forma mayoritaria la minería en su territorio, decisión que frenó el desarrollo del proyecto La Colosa, considerado uno de los mayores yacimientos de oro del país.
Para los líderes sociales, el nuevo proceso judicial representa un desafío a la autonomía territorial y a la voluntad expresada por la ciudadanía hace casi una década. Insisten en que las decisiones del municipio responden a la necesidad de proteger las fuentes de agua, la biodiversidad y la vocación agrícola de Cajamarca, considerada una despensa alimentaria del Tolima.
Mientras avanza el trámite de conciliación, la expectativa se concentra en la respuesta que adopten la Alcaldía, el Concejo Municipal y los organismos de control. La controversia podría convertirse en uno de los primeros grandes litigios ambientales del nuevo gobierno nacional y reabrir el debate sobre los límites entre la explotación minera, la autonomía de los territorios y la protección de los recursos naturales en Colombia.
