Cortolima reveló que la minería ilegal ya ha destruido 491 hectáreas en el sur del Tolima, un incremento del 50 % frente al último reporte. La autoridad ambiental advirtió que Ataco y Chaparral concentran la mayor parte de los procesos sancionatorios, mientras alertó por el aumento de incendios forestales provocados y pidió fortalecer las denuncias ciudadanas.
La minería ilegal continúa expandiéndose en el sur del Tolima y dejando una huella cada vez más profunda sobre los ecosistemas estratégicos del departamento. Un nuevo informe presentado por la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Giannini, reveló que esta actividad ilícita ya ha degradado 491 hectáreas, lo que representa un incremento del 50 % frente al último balance oficial, cuando se habían identificado 232 hectáreas afectadas.
El diagnóstico fue elaborado mediante un trabajo conjunto entre la autoridad ambiental y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, utilizando sobrevuelos, imágenes satelitales de la plataforma Planet Labs y estudios técnicos de campo. La información permitió identificar con mayor precisión el impacto de las explotaciones ilegales sobre importantes corredores ambientales del Tolima.
De acuerdo con el informe, las mayores afectaciones se concentran en los ríos Saldaña y Atá, además de las quebradas Pole, Toluní, Apa y Guanábana, donde la extracción ilegal de minerales ha modificado de manera significativa la dinámica de los cauces, alterando ecosistemas fundamentales para el abastecimiento hídrico y la biodiversidad regional.
La directora explicó que la maquinaria utilizada por los mineros ilegales ha generado remoción del lecho de los ríos, incremento de la turbiedad del agua, destrucción de zonas de recarga hídrica y contaminación por combustibles y aceites utilizados durante las labores extractivas. Estas intervenciones han deteriorado gravemente el equilibrio ecológico de amplias zonas rurales del departamento.
El informe técnico también documentó la pérdida de 137 hectáreas de bosque ripario, además de daños sobre pastos arbolados, cultivos transitorios como arroz, vegetación baja y otras coberturas naturales. A ello se suma la afectación directa de especies de fauna acuática, registrándose impactos sobre 60 especies de peces, 112 especies de macroinvertebrados y 58 especies de perifiton, algunas catalogadas dentro del Libro Rojo de especies amenazadas.
Desde el año 2025, Cortolima ha iniciado 88 procesos sancionatorios relacionados con minería ilegal en nueve municipios del Tolima. Según la autoridad ambiental, el 84 % de estos expedientes corresponde a Ataco y Chaparral, territorios donde la problemática presenta mayor intensidad. También se reportan investigaciones en Natagaima, Roncesvalles, Rioblanco, Ortega, Planadas, Coyaima y San Antonio.
Entre las principales infracciones detectadas figuran la ocupación de áreas protegidas, la captación ilegal de agua, la remoción de cobertura vegetal, la alteración del suelo y otras conductas que constituyen delitos ambientales. Por esta razón, los 88 expedientes sancionatorios y el nuevo informe técnico fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación del Tolima, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, los alcaldes de los municipios involucrados y demás autoridades competentes para fortalecer las acciones judiciales y operativas.
Aunque evitó revelar detalles por razones de reserva investigativa, Olga Lucía Alfonso confirmó que actualmente existe un trabajo articulado entre Cortolima, el Ejército Nacional, la Policía y la Gobernación del Tolima para enfrentar la minería ilegal, especialmente en el municipio de Ataco, considerado uno de los focos más críticos de esta actividad ilícita.
Durante la entrevista concedida a medios, la directora también manifestó su preocupación por el incremento de los incendios forestales registrados durante las últimas semanas. Según explicó, entre el 90 % y el 98 % de las conflagraciones tienen origen humano, ya sea por acciones deliberadas o por conductas imprudentes. En el último mes se reportaron incendios en Ibagué, Santa Isabel, Murillo y Gualanday, donde fueron consumidas cerca de 20 hectáreas de pastizales, ocho hectáreas de cobertura vegetal y 1,5 hectáreas de retamo espinoso.
Finalmente, Alfonso hizo un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar cualquier incendio forestal o quema ilegal ante el Centro de Monitoreo de la Gobernación del Tolima. En el caso de Gualanday, señaló que las emergencias se repiten prácticamente cada año durante la misma temporada, situación que, según indicó, hace presumir que varios de estos incendios serían provocados. La funcionaria recordó que actualmente las quemas están totalmente prohibidas en el departamento debido a las medidas adoptadas para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y proteger los ecosistemas estratégicos del Tolima.
