Durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el representante Marco Hincapié lanzó fuertes cuestionamientos contra el movimiento político liderado por el barretismo, al que señaló de tener responsabilidad política en el deterioro de la seguridad, el atraso social y el avance de la minería ilegal en el departamento. También cuestionó a la gobernadora Adriana Matiz y al Gobierno nacional por sus respuestas frente a la crisis del sur del Tolima.
La expansión de la minería ilegal, el deterioro ambiental y la creciente preocupación por la seguridad en el sur del Tolima protagonizaron un nuevo enfrentamiento político en el Congreso de la República. Durante el debate de control político de la Comisión Quinta del Senado, el representante Marco Hincapié lanzó fuertes acusaciones contra el barretismo, movimiento político al que responsabilizó por el panorama que enfrenta el departamento. Sus declaraciones reavivaron las diferencias entre sectores políticos regionales, en medio de las exigencias de las comunidades por mayores resultados frente a las economías ilegales y la pérdida de control territorial.
«El barretismo lleva gobernando el Tolima durante más de una década, y ahora quieren lavarse las manos por el enorme atraso, pobreza e inseguridad que se vive en nuestro departamento», afirmó Hincapié. El congresista sostuvo que ese sector debe responder políticamente por las condiciones actuales del territorio y recordó que desde 2020 había advertido sobre la presencia y expansión de estructuras armadas organizadas. Según su versión, aquellas alertas fueron rechazadas públicamente, por lo que cuestionó las decisiones de quienes han tenido responsabilidades en la administración departamental durante los últimos años.
Uno de los principales señalamientos estuvo relacionado con la minería ilegal de oro en municipios como Ataco, donde la explotación no autorizada ha generado graves consecuencias ambientales y preocupación por la presencia de organizaciones armadas. El congresista vinculó esta problemática con la falta de respuestas institucionales y cuestionó a los sectores políticos que han tenido influencia en el departamento. Sin embargo, la responsabilidad atribuida al barretismo corresponde a una acusación política de Hincapié y no constituye, por sí misma, una responsabilidad penal o administrativa demostrada por las autoridades competentes.
Las críticas también alcanzaron al Gobierno nacional, particularmente al presidente Abelardo De la Espriella y al ministro de Defensa, por la atención de los problemas de orden público en el sur del Tolima. «Han pasado diez días desde el ataque a Planadas, y ni el ministro de Defensa ni el presidente de la República se han aparecido por el sur del Tolima», manifestó el representante. Hincapié cuestionó la falta de presencia de los altos funcionarios en la región y reclamó respuestas frente a los hechos violentos que afectan a las comunidades, especialmente en los municipios donde se advierte la influencia de estructuras armadas ilegales.
Otro de los puntos polémicos fue el presupuesto departamental para 2027. El congresista aseguró que existiría una reducción superior a los 321.000 millones de pesos y manifestó preocupación por la financiación de proyectos y la atención de las emergencias ocasionadas por los incendios forestales. También cuestionó el anuncio de 20 iniciativas prioritarias para el Tolima que, según indicó, debían ejecutarse durante 2026. Hincapié afirmó que encontró falta de claridad sobre estos proyectos al consultar a la Gobernación y al Departamento Nacional de Planeación, por lo que pidió explicaciones sobre su formulación, financiación y estado de ejecución.
Las cifras ambientales y de seguridad permiten dimensionar la gravedad de la situación. Según información de Cortolima, las afectaciones relacionadas con la minería ilegal alcanzaron 491,09 hectáreas en Ataco, Chaparral y Rioblanco, de las cuales 137,54 corresponden a cauces. El organismo ambiental identificó impactos en fuentes hídricas como los ríos Saldaña y Atá, además de quebradas y otros ecosistemas estratégicos. Por su parte, cifras provisionales de la Policía Nacional presentadas durante el debate indican que Ataco pasó de siete homicidios entre enero y septiembre de 2025 a 27 en el mismo periodo de 2026. En los cuatro municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, los registros aumentaron de 19 a 47 casos.
La dimensión de la crisis también había sido advertida por la Defensoría del Pueblo, que señaló los riesgos humanitarios, ambientales y de seguridad asociados a la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del departamento. El organismo alertó sobre la llegada de aproximadamente 5.000 personas atraídas por esta actividad, la presión sobre los servicios públicos y el fortalecimiento financiero de estructuras armadas ilegales. Asimismo, advirtió sobre las amenazas a las comunidades, la conflictividad social y el deterioro de las condiciones de convivencia.
El debate fue convocado por el senador Miguel Ángel Barreto Castillo junto con otros cinco congresistas y se programó para el 10 de noviembre de 2026 en la Comisión Quinta del Senado. La citación incluyó a los ministerios de Defensa, Minas y Energía, y Ambiente, así como a la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Minería, las gobernaciones del Tolima, Antioquia y Santander y las respectivas autoridades ambientales. La discusión busca establecer qué acciones se han adelantado frente a la minería ilegal, la pérdida de control territorial y las afectaciones ecológicas.
En medio del enfrentamiento político, la discusión dejó planteada una pregunta de fondo: ¿quién debe responder por la expansión de las economías ilegales y el deterioro de la seguridad en el Tolima? Mientras Hincapié señala responsabilidades políticas al barretismo y cuestiona la gestión departamental, el debate legislativo también puso bajo observación la coordinación entre las instituciones nacionales y regionales. El desafío será convertir los cuestionamientos en compromisos verificables, con recursos, responsables y cronogramas para recuperar los ecosistemas afectados, fortalecer la seguridad y garantizar que la minería ilegal no continúe amenazando el patrimonio ambiental del departamento.
