La decisión que modifica el expediente de la empresa ibaguereña ocurre un año después de una millonaria sanción por presunto maltrato laboral. El Ministerio del Trabajo ahora revocó parcialmente la actuación, absolvió a la compañía de dos cargos y dispuso el archivo del proceso, una determinación que vuelve a generar cuestionamientos sobre la protección de los derechos laborales.
Un nuevo capítulo se abrió en el polémico caso de Charry Trading S.A.S., empresa ibaguereña que había sido sancionada por el Ministerio del Trabajo tras una investigación relacionada con denuncias de presunto acoso, hostigamiento y maltrato laboral contra trabajadores.
La decisión más reciente, conocida este 31 de agosto de 2026, modifica sustancialmente el rumbo que había tomado el expediente, pues el Ministerio del Trabajo revocó parcialmente la sanción, absolvió a la empresa de dos cargos y ordenó el archivo del proceso, según reportó.
El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando se difundieron videos grabados al interior de la compañía en los que quedaron registrados episodios que generaron una fuerte reacción pública por el trato recibido por trabajadores y colaboradores. La controversia alcanzó incluso al entonces presidente Gustavo Petro, quien pidió al Ministerio investigar lo ocurrido.
En septiembre de ese año, el Ministerio del Trabajo adelantó una inspección y posteriormente ordenó el cierre temporal de las empresas Charry Trading y Varchar, mientras avanzaban las actuaciones administrativas relacionadas con las condiciones laborales denunciadas.
La investigación tuvo además un giro en 2023, cuando inicialmente se había considerado su archivo debido, entre otros argumentos, a la naturaleza contractual de algunas de las personas que aparecían en los videos. Posteriormente, el entonces viceministro de Relaciones Laborales Edwin Palma cuestionó esa decisión y promovió la continuidad de las actuaciones ante la existencia de material probatorio.
En mayo de 2024, el Ministerio reactivó formalmente el procedimiento y formuló tres cargos contra Charry Trading. La investigación buscaba establecer posibles responsabilidades relacionadas con acoso y violencia laboral, así como con disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo relacionadas con el respeto a la dignidad de los trabajadores y la prohibición de conductas que vulneren sus derechos.
El proceso terminó inicialmente con una sanción que superó los 1.016 millones de pesos, decisión de primera instancia que fue divulgada en agosto de 2025. La multa se sustentó en conductas que el Ministerio consideró contrarias a la dignidad y a los derechos de los trabajadores, y el expediente también contempló el traslado de copias a la Fiscalía para investigar un posible falso testimonio.
La nueva determinación vuelve a poner el caso en el centro del debate público y plantea interrogantes sobre la valoración de las pruebas, las garantías del debido proceso y el alcance de la actuación administrativa. Mientras el Ministerio sostiene su decisión dentro del procedimiento correspondiente, organizaciones y trabajadores podrán analizar las implicaciones del archivo y las eventuales vías jurídicas que permanezcan abiertas.
