Una fanpage administrada por el locutor Roger Jiménez, esposo de la secretaria General de la Alcaldía de Ibagué, Magda Herrera, recibió $105 millones en contratos de pauta pese a tener escaso alcance. El caso revela posibles conflictos de interés en la administración de Johana Aranda.
Un nuevo escándalo sacude la Alcaldía de Ibagué tras revelarse que dos fanpages en Facebook, con mínimo alcance e interacciones, recibieron contratos publicitarios por $105 millones cada una, es decir, un total $210 millones. La controversia apunta especialmente a “Noticias Contrapeso”, administrada por el locutor Roger Jiménez.
Jiménez es esposo de Magda Herrera, actual secretaria General de la Alcaldía y mano derecha de la alcaldesa Johana Aranda. Según denuncias ciudadanas, Herrera habría sido clave para dar el visto bueno a los contratos de pauta adjudicados a su pareja, generando un posible conflicto de interés.
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La cifra mensual que recibe Jiménez por su página, según los documentos revelados, es de $17.5 millones, a pesar de que la fanpage cuenta con apenas mil seguidores y una baja interacción en redes. Esto ha levantado serias dudas sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El caso también involucra a otro locutor, René Rodríguez, quien al igual que Jiménez habría recibido una suma equivalente por administrar “Zona Impacto”, otra página que hizo campaña en favor de Johana Aranda y que en la actualidad son voceros de las bondades de la actual administración. Ambos comunicadores son presuntamente señalados por su cercanía al exalcalde Andrés Hurtado.
Diversos sectores denuncian que estas fanpages habrían sido utilizadas como herramientas de propaganda política durante la campaña electoral de Aranda, y que ahora se estarían beneficiando económicamente como una forma de retribución, dejando de lado criterios técnicos y legales para favorecer a terceros haciendo uso y malversación de los recursos del estado.
Edward Amaya, exsecretario de Gobierno de la actual administración, también es mencionado por su cercanía con Jiménez y Rodríguez. Amaya debió renunciar a su cargo debido a cuestionamientos por su gestión en seguridad, incluso también hizo o hace parte del equipo de trabajo de Ondas de Ibagué, medio que en campaña de las pasadas elecciones locales montaron todo mediaticamente hablando para que les favorecerán en la actual alcaldía de Johana Aranda.
En redes sociales, colectivos como “Ciudadanos por Ibagué” han denunciado lo que consideran una “relación perversa” entre algunos medios de comunicación locales y los intereses políticos de la administración actual. Señalan que el “periodismo” en manos del hurtadismo es todo menos ético.
La polémica también ha reavivado el debate sobre el uso de recursos públicos para financiar medios de comunicación sin criterios técnicos de alcance, impacto o pluralismo. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han exigido revisar estos contratos.
Hasta el momento, ni la alcaldesa Johana Aranda ni la secretaria Magda Herrera han ofrecido explicaciones oficiales sobre estos contratos, ni se ha anunciado investigación alguna por parte de los entes de control.
Lo ocurrido en Ibagué pone sobre la mesa la urgente necesidad de garantizar procesos de contratación públicos transparentes, especialmente en lo relacionado con la pauta oficial, para evitar el uso de estos recursos con fines propagandísticos y personales.
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