La presión del Ministerio Público forzó a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) a publicar el proceso de selección del contrato más costoso de su historia, con 22 proponentes. La licitación por más de $34.000 millones ha estado bajo sospecha de presunto direccionamiento.
La Personería de Ibagué intensificó su vigilancia sobre la millonaria licitación del IBAL para la segunda etapa del programa ‘Combo 3×1’, lo que obligó a la entidad a revelar públicamente el número de proponentes y detalles del proceso contractual, tras denuncias ciudadanas por presunto direccionamiento. El contrato, con un valor de $34.000 millones, se trata de la obra más costosa que ha adelantado la empresa durante la actual administración.
En respuesta a las alertas sobre posibles irregularidades, la alcaldesa Johana Aranda aseguró que la contratación será monitoreada por la Procuraduría. “Los recursos públicos se deben invertir con responsabilidad. Por eso hemos solicitado acompañamiento de los entes de control. Queremos que los ibaguereños tengan plena confianza en cómo se ejecutan estos procesos”, afirmó.
Según la información oficial, un total de 22 proponentes se presentaron a la licitación pública, lo que, de acuerdo con la administración, demuestra que el proceso ha sido abierto y competitivo. Sin embargo, el control preventivo se mantendrá durante cada etapa del proceso de adjudicación.
La gerente del IBAL, Erika Palma, respaldó la decisión de permitir la vigilancia externa: “Nuestro deber no es solo ejecutar obras útiles y necesarias, sino hacerlo con transparencia. Este acompañamiento institucional fortalece la credibilidad de nuestra gestión y evita dudas sobre favoritismos”.
El contrato contempla la construcción y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, así como la recuperación vial en zonas urbanas críticas de la ciudad, beneficiando directamente a miles de familias ibaguereñas. La ejecución está proyectada para un plazo de ocho meses.
Diversos sectores de la ciudad han manifestado la importancia de que este tipo de procesos se mantengan libres de intereses particulares, especialmente por el alto valor del contrato y el impacto social que tendrá. La Personería seguirá realizando veeduría permanente, según indicó el personero Eduardo Espinosa.
El programa ‘Combo 3×1’ busca ejecutar intervenciones integrales en zonas donde históricamente no se han realizado adecuaciones estructurales a las redes de servicios públicos ni mantenimiento vial, lo que ha generado deterioro en la calidad de vida de los residentes.
Las autoridades locales insisten en que este proceso representa una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana en la gestión pública y prevenir eventuales investigaciones por corrupción. A su vez, invitan a la comunidad a ejercer veeduría sobre la ejecución de los recursos y el avance de las obras.
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