El presidente Gustavo Petro anunció que el martes 18 de marzo será día cívico en Colombia para dar inicio a una consulta popular de gran alcance. La jornada contará con el respaldo de sindicatos y sectores sociales, mientras la oposición cuestiona la medida.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el próximo martes 18 de marzo será declarado día cívico con el fin de garantizar la participación ciudadana en la jornada de movilización nacional. Según el mandatario, esta iniciativa busca beneficiar a cerca de 30 millones de trabajadores y trabajadoras, incluidos quienes no cuentan con un salario formal.
Desde Aracataca, Magdalena, el jefe de Estado aseguró que la medida tiene como objetivo evitar represalias laborales contra quienes decidan unirse a la movilización. “Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos porque violará la ley”, enfatizó Petro, comparando la jornada con el día de elecciones.
La convocatoria ha sido respaldada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que llamó a los colombianos a concentrarse en calles, plazas y parques de todo el país. Se espera la presencia de sectores campesinos, indígenas y afrodescendientes, quienes han manifestado su apoyo a las reformas sociales impulsadas por el Gobierno, en particular la reforma laboral y la de salud, actualmente en debate en el Congreso.
Petro dejó claro que no será un observador en la jornada, sino un participante activo. “Este martes saldremos es a las calles, yo primero, a encabezar la manifestación en Bogotá”, afirmó el mandatario, invitando a la ciudadanía a expresar su respaldo a las reformas de manera pacífica y sin miedo.
La movilización del 18 de marzo también marcará el inicio de una consulta popular con la que Petro busca legitimar su agenda de reformas. “Vamos a ganar”, aseguró el presidente, proyectando un respaldo masivo a su propuesta de cambios estructurales en el país. Sin embargo, la declaración del día cívico ha generado controversia, con sectores de la oposición argumentando que se trata de una maniobra política para presionar la opinión pública.
Líderes empresariales y opositores han advertido sobre posibles afectaciones económicas y jurídicas de la medida, señalando que la productividad del país podría verse impactada. No obstante, el Gobierno insiste en que la jornada es un derecho legítimo de los trabajadores para expresar sus demandas.
La movilización del 18 de marzo será clave para medir el respaldo popular al Gobierno Petro y el nivel de movilización social en torno a sus reformas. A medida que se acerca la fecha, el debate sigue abierto entre quienes ven en esta jornada una oportunidad de transformación y quienes la consideran una estrategia política riesgosa.